El Ministerio del Medio Ambiente dio un nuevo paso en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) tras publicar en el Diario Oficial el anteproyecto que fija metas de recolección y valorización para baterías, uno de los productos considerados prioritarios dentro de la normativa.
La iniciativa busca fortalecer la economía circular en el país, estableciendo obligaciones concretas para quienes introducen baterías al mercado nacional. Con esta medida, se amplía el alcance de la ley de reciclaje y se avanza en la regulación de residuos con alto impacto ambiental.
¿Qué baterías estarán reguladas?
El texto propone incorporar al sistema REP a las baterías que tengan un peso igual o superior a cinco kilos, diferenciándolas de las pilas de menor tamaño. Además, las divide en tres grupos:
- Baterías de plomo-ácido, comúnmente utilizadas en vehículos con motor a combustión.
- Baterías de ion-litio, presentes en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.
- Otras baterías con composiciones distintas.
Metas progresivas de valorización
El anteproyecto contempla objetivos que aumentan gradualmente con el paso de los años. En el caso de las baterías de ion-litio, la meta inicial de valorización sería de 15%, alcanzando un 50% en un plazo de diez años. Para las baterías de plomo-ácido, el porcentaje comenzaría en 50% y subiría hasta 90% en el mismo período.
Asimismo, se incorporan incentivos para promover la reutilización o “segunda vida” de baterías reacondicionadas. Estas, al volver al mercado, no estarán obligadas a cumplir nuevamente las metas REP, reconociendo que la reutilización es una alternativa más sostenible que la simple recuperación de materiales.
Responsabilidades para productores y comercializadores
La propuesta regula principalmente a los productores, quienes deberán organizar y financiar sistemas de gestión para cumplir las metas establecidas. Estos sistemas contratarán gestores autorizados para la recolección y tratamiento de residuos.
Se contemplan excepciones para microempresas y para quienes introduzcan menos de 600 kilos de baterías al año.
Entre las obligaciones operativas, se incluyen:
- Instalación de puntos de recepción en comunas con más de 150 mil habitantes.
- Recepción obligatoria de baterías en desuso por parte de grandes comercializadores.
- Retiro de residuos desde talleres mecánicos.
- Exigencias de etiquetado que faciliten su reciclaje.
Se abre proceso de participación ciudadana
Tras su publicación, el Ministerio del Medio Ambiente inició la etapa de consulta pública, considerada clave para recoger observaciones de ciudadanos, empresas, municipios y organizaciones sociales antes de la versión definitiva del decreto.
El proceso estará disponible entre el 25 de febrero y el 9 de abril de 2026 a través de la plataforma oficial del ministerio, donde cualquier persona podrá revisar la propuesta y enviar comentarios.
Con este anteproyecto, el país avanza en la consolidación de la Ley REP, fortaleciendo la gestión responsable de residuos y promoviendo una transición hacia modelos de producción y consumo más sustentables.
El Maipo
