La Policía de Investigaciones deberá interrogar a los diez concejales actuales de la comuna como testigos en la investigación por presunto mal uso de fondos educacionales entre 2015 y 2017.
La Fiscalía de San Bernardo ha solicitado citar a declarar a todos los concejales actuales de la comuna en el marco de la investigación por fraude al fisco contra la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI), quien administró el municipio entre 2008 y 2020.
El fiscal adjunto Rubén Salas ordenó a la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de la PDI interrogar en calidad de testigos a los diez concejales: Karina Leyton (PS), Leonel Navarro (P. Radical), Cristina Cofré (PC), Romina Baeza (FA), Jaime López (FRVS), Carolina Fuentealba (P. Rep.), Juan Rivera (P. Rep.), María Jesús Núñez (P. Rep.), Marcela Novoa (RN) y Mariela Araya (UDI).
Los ediles deberán declarar sobre el uso de recursos de la Corporación de Salud y Educación de San Bernardo durante el período 2015-2017, cuando se habrían producido irregularidades en fondos destinados a la educación pública, consigno el medio La Tercera.
Millonaria deuda sin justificar
Según la demanda del Consejo de Defensa del Estado, entre 2015 y 2017 no hubo una adecuada rendición de cuentas de más de 4.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Los montos específicos no justificados son: $1.648 millones en 2015, $946 millones en 2016 y $1.652 millones en 2017.
“Esa plata no era para sueldos ni fiestas, era para que los niños tuvieran mejores colegios”, señaló el actual alcalde Christopher White (PS), quien presentó la querella contra Cuevas en 2021.
La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en un informe de casi 200 páginas, incluyendo rendiciones duplicadas, gastos declarados por montos superiores a los pagados, compras de elementos no autorizados como teléfonos y televisores, y más de 1.300 millones catalogados como “fondos por rendir” entre 2016 y 2022.
Investigaciones paralelas
Nora Cuevas enfrenta además otra querella por irregularidades en fondos de subvenciones escolares no rendidos entre 2016 y 2020, por montos superiores a $20.000 millones. En su declaración ante la Fiscalía, la exalcaldesa sostuvo que delegó la mayoría de las funciones técnicas en la corporación y mantuvo una gestión “muy macro”.
La exjefa comunal ha declarado su colaboración con la investigación y sostiene su inocencia, argumentando que los cambios a la Ley SEP generaron objeciones en las rendiciones y que los procesos ya han sido rectificados en gran parte.
El organismo contralor también cuestionó la falta de fiscalización de entidades estatales como la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia de Educación durante el período investigado.
