En 1934, tras la “Noche de los cuchillos largos”, Carl Schmitt publicó su célebre texto El Führer protege el derecho. En él, el jurista alemán legitimó los asesinatos políticos ordenados por Adolf Hitler al sostener que el Führer, en tanto encarnación de la voluntad del pueblo, no violaba la ley, sino que la realizaba. El derecho, afirmaba Schmitt, no reside en normas abstractas ni en procedimientos judiciales, sino en la decisión soberana del líder que actúa para preservar la unidad del Estado. Cuando el orden se ve amenazado, el gobernante debe intervenir directamente, incluso fuera de la legalidad, pues su acción excepcional revela la verdadera fuente del derecho. Esta concepción decisionista destruye el Estado de derecho y transforma la violencia del poder en una expresión moral de justicia.
Casi un siglo después, los ecos de este razonamiento reaparecen en la práctica política de la administración de Donald Trump. Bajo el discurso de una “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno estadounidense ha ordenado ataques militares y ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, sin autorización del Congreso ni respeto por el derecho internacional. Los portavoces del presidente sostienen que estas acciones son necesarias para defender la seguridad nacional, reivindicando para el jefe del Ejecutivo la potestad de decidir, unilateralmente, sobre la vida y la muerte de quienes son definidos como enemigos. La ley, una vez más, se subordina a la voluntad soberana del gobernante.
El paralelismo es evidente: tanto en Schmitt como en el decisionismo contemporáneo de Trump, el poder se define por la capacidad de suspender el derecho en nombre de una causa superior —el pueblo, la nación o la seguridad—. En ambos casos, la excepción se convierte en norma y la violencia del Estado adquiere una dimensión moral. Lo que se presenta como defensa del orden es, en realidad, su disolución: el líder se erige en fuente del derecho y el juicio judicial es reemplazado por la decisión política. Así, la soberanía se transforma en una forma de impunidad, y el derecho, en su máscara.
El pensamiento de Schmitt ofrece, por tanto, una advertencia contemporánea. Cuando la política reduce el derecho a la voluntad del gobernante, el espacio de la justicia desaparece y la violencia estatal se normaliza. Las ejecuciones extrajudiciales del presente reproducen, bajo nuevas banderas, la vieja fórmula autoritaria según la cual el poder protege el derecho precisamente cuando lo destruye.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
