La ciudadanía, concepto central en toda organización social y política, ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando las tensiones entre inclusión y exclusión, derechos y deberes, identidad y pertenencia. Su significado no es estático, sino que se ha reconfigurado en respuesta a contextos históricos y transformaciones sociopolíticas, generando las disputas actuales sobre quién es ciudadano, qué derechos se reconocen y cómo se ejerce la pertenencia. Y como todo es movimiento, el desafío es si se avanza al futuro o se retrocede a épocas remotas. Desde este punto de vista, la política nombra sobre todo el espacio en que las personas, conviviendo y trabajando en comunidad, nos construimos una orientación en común, y por lo tanto, el asunto de la política no es tanto la de las cuotas de poder como la de la comunidad.
Hoy, en el mundo, las comunidades están pasando por transformaciones que debemos considerar con atención: convivimos, trabajamos, compartimos y estrechamos lazos con personas que provienen de distintas regiones de nuestro país, de nuestro continente, y del mundo. En este nuevo contexto, ¿quién merece la ciudadanía? La pregunta gira en torno a determinar quiénes son parte de la comunidad política, es decir, atañe al cómo construiremos nuestro futuro cuando nuestro presente ya está en común. Países como EE.UU. o Europa debaten así sobre derechos de nacimiento, asilo y nacionalismo. Movimientos como #BlackLivesMatter o las luchas por los derechos de refugiados, o migrantes reclaman una ciudadanía inclusiva, más allá de fronteras.
En medio de estas preocupaciones, en Chile, y en pleno, período electoral hemos escuchado expresiones como que “[a]l Jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos”, según declaró el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. “Llama la atención que se pretenda que sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena, porque sin ir más lejos, en el marco vigente, con residencia temporal, ni siquiera definitiva, un extranjero puede estar eligiendo al Jefe de Estado”, agregaba. Pero, ¿cómo se define esta comunidad para Elizalde, si se deja fuera a personas que tienen su vida comprometida en este territorio, que trabajan y tributan aquí, y que comparten las preocupaciones nacionales en torno a la luminaria en sus barrios, los baches en sus calles, la seguridad, al acceso a derechos, y a una vida digna? ¿O es que hay personas de segunda clase en Chile?
De un padrón de 15,5 millones de votantes en Chile, cerca de 786 mil son extranjeros con residencia de cinco años en el país: aproximadamente un 5% del padrón. Hoy se quiere hacer aparecer esto como algo negativo, cuando es más bien algo muy positivo, y que diferencia a Chile y lo pone en la vanguardia en el reconocimiento de derechos políticos, junto a un puñado de países en el mundo. Chile es así un ejemplo de hospitalidad, de inclusión y de reconocer a quienes vienen a trabajar y aportar al desarrollo de este país. Una democracia liberal que se precie de serlo –como tanto se llenan la boca muchos de los políticos de carrera– no puede prescindir de esa cantidad de personas que habitan en nuestras regiones y comparten nuestros problemas, hayan nacido en Chile o en otro país. Salvo que se quiera defender como “liberal” una democracia restringida, cautelada y vigilada.
Preocupa en este sentido que la discusión sobre restringir un derecho adquirido sea llevada adelante por quienes, siendo legisladores, debieran reconocer el principio de no regresión en derechos, y el principio pro-persona, inherentes a sociedades sanas y estados que cumplen con los compromisos voluntariamente asumidos. Extraña también que el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, se haya referido en estos días que la derecha quiere “transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”. En la dinámica del debate –como vemos– se enredan las posiciones a tal punto que, sin darse cuenta. los argumentos son los mismos de ambos lados, en momentos diferentes. Pero quien posicionó la idea de “Chilezuela” –la derecha conservadora– es quien acumula los frutos, toda vez que el contenido racista y xenófobo que comporta es bandera de un conservadurismo nacionalista y socialmente destructor. Sin quererlo, o en su desesperación por “cazar” votos, se incorpora el diputado en una posición ideológica y política antagónica (¿o no?) a su domicilio político.
En estas extrañas bodas entre el progresismo y el conservadurismo emerge además un populismo mediático, oportunista, que devela una preocupante irresponsabilidad política. La migración venía apareciendo como un fenómeno que se denominó “crisis”, y la discusión pública abordó el cómo superar esta crisis, asociando –sin que las estadísticas lo avalen– la migración al delito. Y la migración se volvía así el chivo expiatorio del populismo penal. Ahora, en cambio, la migración aparece como una masa de votantes, y entonces las personas migrantes son disputadas, o desechadas, en vista de un populismo electoral. Pero es que además estos gestos, políticamente hablando, no tienen sentido. El diputado llegó a decir que “el destino de Chile lo deciden los chilenos”, como si fuera posible que en más de 15 millones de votantes, los migrantes amenazaran el carácter “chileno” del 95% de los votos. Esa irrisoria preocupación tiene efectos prácticos, toda vez que excluye, como si quienes han migrado a Chile no fueran parte de la comunidad –es decir, ciudadanía en el mejor de los sentidos–, parte que sufre las consecuencias buenas o malas de las elecciones locales y nacionales. Quizás quepa recordarle a los políticos de carrera que las elecciones se ganan ampliando al máximo la representatividad y no achincado padrones. Que se ganan con hechos a mostrar, con realizaciones, mediante conductas, y con ideas de futuro que se comprometen por su honor a cumplir como servidores públicos. ¿No será que del chivo expiatorio de todo mal, la migración paso a ser la excusa para la flojera en la política electoral?
Quizás algunos datos puedan dejarnos entrever si hay algo de razón en estas preguntas. Según encuesta CEP de mayo-junio 2025, la migración está en el 5to lugar de las preocupaciones de los encuestados, tras temas centrales cuyo abordaje podría poner en cuestión nuestro modelo de sociedad, como lo son la salud, la educación y las pensiones. ¿No sería ideal ocuparse de aquellas problemáticas, y no centrar la discusión profundizando los discursos de odio que han sido “el caballito de batalla” de los destructores de todo? Acaso atender a las preocupaciones de los habitantes del territorio sea mejor idea que ajustar el padrón de votantes a conveniencia. También de acuerdo a esta encuesta, en relación a la confianza de los entrevistados entre 20 instituciones, el congreso y los congresistas se encuentran en el lugar 19 –penúltima… le confían muy poquito–, seguido en el último lugar por los partidos políticos. De hecho, ante la pregunta por qué partido les genera simpatía o sentimiento de ser representados… gana “Ninguno” por más de 10 veces la cifra mayor obtenida por los partidos mejor evaluados. Puede que el problema con la democracia no esté en determinar a quien quitarle el derecho a voto, y en cambio, hay preocupaciones importantes, las que se deberán abordar con humildad, con mucho trabajo, y con ideas claras. Acaso aquí haya una oportunidad para repensar hondamente estos asuntos.
Y en cualquier caso, Chile siempre tendrá una política “con olor a vino tinto y empanadas”, pero lo central será que esta sea buena y aporte soluciones al país. Sin embargo, el país no va a perder nada si también hay arepa, ron y más variedad de sabores y licores que, lejos de quitarle identidad, aportan un cosmopolitismo propio del siglo que vivimos. Pero vivimos tiempos delicados, y pensar políticamente, pensar la comunidad, implica pensar con cautela. Los discursos racistas desde el poder pasarán, como pasó el nazismo y el fascismo en Europa del siglo XX, pero lo esencial seguirá, la historia lo dirá. Mientras vemos un genocidio en vivo, esperaríamos que los representantes políticos de este país hayan aprendido que hay cosas con las que no se juega, y menos por intereses tan mezquinos como seguir con alguna banca o ganar elecciones. Que no se malentienda: no es que los votos sean un asunto menor, es que utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio nos hace ver que la clase política aun no es capaz de asumir su escisión respecto de la sociedad, de las organizaciones sociales y de las personas y los problemas cotidianos que enfrentamos.
La migración son vidas humanas, y no son de segunda categoría: aportan mucho al país, como lo señalan tantos estudios de organismos internacionales y academias. Son personas que, como cualquier ser humano, merecen el respeto y la igualdad de trato. Antes que discutir sobre quitar el voto a migrantes, podríamos estar considerando cómo incoporarlos a los sindicatos en sus lugares de trabajo, a las juntas de vecinos en los barrios en que viven. El resto es humo. Y ese humo es el que ha hecho que la gente pierda la confianza en las instituciones democráticas devenidas bolsa de trabajo.
Hay que ser coherentes: los principios no son maleables. La izquierda necesitará plantearse seriamente la posibilidad de un pragmatismo que pueda practicarse sin enlodarse en la inconsistencia. Cuando se enfrenta a un poder destructor que tiene claro lo que defiende, que no es solo las bancas en el parlamento, la incoherencia puede hacerle mucho daño al corazón de Chile, dañando la vida a todas las personas que habitan, trabajan y anhelan que la vida, en este país, sea mejor.
Columna publicada por Radio Universidad de Chile el 18 de julio de 2025.
Para El Maipo, Eduardo Cardoza, Coordinador del Movimiento de Acción Migrante en Chile, Red Nacional de Migrantes y Promigrantes de Chile, en colaboración con Víctor Veloso
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