(Ciudad de Panamá) Grupos indígenas, docentes y familiares de las víctimas solicitaron a la Asamblea Nacional(parlamento) de Panamá investigar la violación de derechos humanos durante protestas contra una ley del seguro, trascendió hoy.
Según el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la propuesta se presentó junto con docentes y miembros del Movimiento Indígena Campesino de la comarca Ngäbe Buglé y el Oriente chiricano, en la que llaman a los diputados a constituir de manera urgente una comisión de la verdad.
Los activistas demandaron que ese grupo investigue, documente y analice lo ocurrido en las protestas, que suman ya más de 70 días consecutivos, y en donde pudieron tener lugar vulneraciones a los derechos humanos tras la intervención de la fuerza pública.
El objetivo de la comisión sería elaborar un informe público que permita dimensionar las condiciones, circunstancias y magnitud de los abusos cometidos; además, con ello se puedan encausar procesos de justicia, reparación a las víctimas y no repetición.
La víspera, se conoció, los diputados Lenin Ulate, Walkiria Chandler y Alexandra Brenes de la coalición independiente Vamos, además de Nixon Andrade y Flor Brenes del Partido Revolucionario Democrático, recibieron a los líderes gremiales, quienes recordaron los 15 años de la represión de 2010 en Changuinola por la Ley Chorizo, que dejó muertos y lisiados de por vida.
Entonces, el hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, era ministro de Seguridad, insistieron.
La iniciativa llega un día después de que otro grupo de líderes indígenas también pidiera a los diputados investigar posibles abusos de la policía fronteriza en la comunidad de Arimae, en Darién.
La Coordinadora también presentó un informe preliminar con más de mil reportes de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y registros de fallecidos, con casos en Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y Colón, según cita el diario La Estrella de Panamá.
El reporte también describe una política del Estado de “criminalización de la protesta”, “revictimización” a los afectados y la construcción de un “aparato discursivo para negar” los abusos.
El Reglamento Interno del Legislativo faculta para crear comisiones de investigación para intereses de orden público, pero se requiere la firma de al menos un diputado de cada bancada para conformar ese equipo de trabajo, lo que mantiene parada la propuesta ante la falta del apoyo de legisladores del gobernante partido Realizando Metas.
El pasado 3 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó un informe preliminar sobre el estado de urgencia decretado por el Ejecutivo en Bocas del Toro, donde habla de indicios graves de violaciones a los derechos humanos.
El Maipo/PL
