Washington, 24 mar (Prensa Latina) Las medidas extremas de la administración de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados va dejando hoy cada vez más historias de dolor y separación en Estados Unidos.
Las denuncias de familias que tienen un ser querido deportado bajo falsas acusaciones son visibles en medios de prensa. Se han mostrado casos en lo que no consta récord criminal ni afiliación pandillera alguna.
Una opinión publicada en Democracy Now advirtió que las detenciones, deportaciones y desapariciones están intensificando el miedo en la comunidad inmigrante, lo que es, sin duda, uno de los principales objetivos de esta campaña del Gobierno de Trump.
La víspera el zar de la frontera Tom Homan afirmó que todos los migrantes deportados de Estados Unidos hace una semana a El Salvador eran “conocidos pandilleros”.
Sin proporcionar información específica, el funcionario de Trump sostuvo que la mayoría de los enviados a la nación centroamericana pertenecían al Tren de Aragua, el grupo delictivo venezolano designado como organización terrorista por el actual ejecutivo.
«Ese avión expulsó a 240 terroristas de Estados Unidos», afirmó Homan en exclusiva para el programa ‘This Week’ de la cadena ABC.
Trump invocó a través de una proclama presidencial la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones, algo que organizaciones de derechos civiles consideran una violación.
La ordenanza, que fue promulgada hace más de 220 años para ser aplicada solo en caso de guerra, es el instrumento al que recurrió el presidente republicano para expulsar a los que, supuestamente, pertenecen al Tren de Aragua.
Algo que provocó una disputa entre la administración Trump con el poder judicial. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, hizo una reprimenda pública para aclarar que el mandatario no podría solicitar la destitución del juez federal James Boasberg que trató de bloquear esas deportaciones a El Salvador.
El abierto desafío de Trump a la orden judicial dictada por Boasberg que impide el uso de la ordenanza de 1798 para detener y expulsar del país a migrantes al parecer lleva a la nación por el camino de una crisis constitucional, señalan expertos.
Trump escribió en redes sociales que «si el juez Roberts y la Corte Suprema de Estados Unidos no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes inmediatamente, ¡nuestro país tendrá problemas serios!».
«¡Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical (en referencia a Boasberg) podrían conducir a la destrucción de nuestro país!», expresó el ocupante del Despacho Oval, quien al asumir el cargo el pasado 20 de enero ratificó su promesa de campaña de hacer las mayores deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Fuente: El Maipo/PL
