Durante mucho tiempo, diferentes gobiernos trataron de darle un encause institucional al problema de la seguridad en nuestro país. Tuvieron que pasar casi 20 años, para que al fin el Estado cuente con un Ministerio de Seguridad.
Desde la derecha y sus intelectuales, están sospechando de la poca eficiencia que va a tener este nuevo Ministerio frente a los problemas que trae aparejado el crimen organizado y la delincuencia común, señalando que el Estado por medio de la actual Subsecretaria de Prevención del Delito ha fracasado en alcanzar sus objetivos y los resultados esperados de la política pública.
Posición que parece curiosa, ya que, es este mismo sector político el que más se ha mostrado preocupado de este flagelo llegando a pedir, hace unos meses atrás, la militarización de la seguridad y el orden público, optado como siempre por el garrote para combatir el crimen y la delincuencia e invisibilizando que este fenómeno social existe por la debilidad y abandono del Estado en la cobertura efectiva y universal de los derechos sociales.
Por otro lado, es conveniente señalar que, la ultraderecha voto en contra de la creación del Ministerio de Seguridad abogando de que el Estado no puede seguir creciendo. Argumento muy en la línea de Javier Milei.
Desde la otra vereda, el progresismo celebra la creación del Ministerio de Seguridad, ya que va a permitir una coordinación efectiva entre las diferentes policías de seguridad y orden público, pero también vamos a contar con una institución especializada para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Si bien es un paso importante, pero la política no solo se basa en la buena administración y gestión de ciertos fenómenos sociales, ya que también las instituciones surgen para cristalizar y visibilizar conflictos sociales. En ese sentido, ¿cuál es el propósito político de un Ministerio de Seguridad?
Para contestar a esta premisa, hay que partir afirmando que existe una demanda ciudadana por mayor seguridad.
Sin embargo, ¿qué nos dicen los datos y su evolución en el tiempo respecto al fenómeno del crimen organizado y la delincuencia común? En primer lugar, hay que afirmar durante los últimos la tasa de victimización (delitos sufridos por las personas)—sin desagregar por tipo de delito—hay una tendencia a la baja. Actualmente, según la medición hecha por ENUSC (2022), la tasa de victimización está en un 21,8 %. Comparado con el año 2019, que estaba en un 23,6 % bajando en un 1,8%. En segundo lugar, si vamos a los delitos de mayor connotación social (principalmente delitos asociados al homicidio, violación, VIF), en el 2019 llegábamos a la cifra de 9,0%, mientras que, en el 2022 hemos bajado al 7,3%. Finalmente, en cuanto a la percepción de inseguridad, el 2019 estaba en un 80,8% y el año 2022 a aumentado al 90,6%.
En muchos paneles de televisión e incluso en el debate político, se ha señalado que esta asimetría entre la percepción y la realidad del delito, se debe a la irrupción de la población inmigrante y la nueva criminalidad que traen desde otros países. Sin embargo, algunos estudios de opinión como CEP (2023), señalan que esta percepción que tiene la ciudadanía esta sobrerrepresentada, es decir, si bien existe un irrupción marginal de la población inmigrante en hechos delictuales y criminales, los datos solo permiten afirmar que existe un aumento (aún marginal) de la población inmigrante en delitos de mayor connotación social, y que debido a la violencia de los delitos, tiene como consecuencia que la población nacional tiene una percepción negativa hacia los inmigrantes.
Por otro lado, muchos analistas han comentado que esta asimetría cognitiva de la población chilena se debe al papel que juegan los medios de comunicación, siendo una especie de dispositivos sociales que cultivan y reproducen el miedo hacia la delincuencia en la sociedad chilena. A esta operación y movilización mediática se suma la irrupción de la fake news. Y finalmente, otra de las premisas es el desprestigió institucional que tiene Carabineros, PDI y Fiscalía en la persecución del delito y el crimen organizado, debido a los múltiples casos de corrupción. Lo cual produce un ambiente de desconfianza y deslegitimación ciudadana hacía las instituciones de orden y seguridad.
Cada uno de estos puntos o análisis políticos-mediáticos, han sido respondidos de una u otra forma por el Estado de Chile.
Respecto al posible vínculo entre la inmigración-delito, se ha fortalecido la presencia de militares en la frontera y se ha endurecido el control que va ejercer la Ley migratoria.
Por otro lado, respecto a las instituciones de orden y seguridad, se han cambiado los altos mandos, se ha perseguido la corrupción, y se ha fortalecido en materia presupuestaria a cada una de las policías y Fiscalía.
Respecto a los medios de comunicación, aún tenemos un gran monopolio privado que controla los medios de comunicación, que trabajan sobre el estado anímico social existente. Desde nuestro punto de vista los medios de comunicación solo amplifican la desinformación o la producción de información y opinión ya existente en la población sobre el fenómeno delictual. En ese sentido, pareciera que estamos en un laberinto sin salida, y sin una respuesta clara de los factores, razones y causas de esta asimetría cognitiva-política en la población chilena respecto a la percepción y la realidad del delito.
Es a partir de esto último, que el nuevo Ministerio de Seguridad puede encontrar su razón política, es decir, tiene que ser una institución que nos permita salir como Estado y como sociedad de este oscurantismo de inseguridad que estamos viviendo. En ese sentido, el Ministerio debe fortalecer no solo la coordinación entre las diferentes instituciones de orden y seguridad, sino debe mejorar la inteligencia policial, judicial y ciudadana respecto al fenómeno de la delincuencia, es decir, en base a datos objetivos que posibiliten una persecución eficiente del delito y la generación de políticas públicas que tengan un impacto real en el tiempo, pero también debe fomentar y promover una conversación pública con criterio de realidad.
Por otra parte, la nueva Institucionalidad debe ejercer una vocería política, educacional y racional sobre la realidad de la delincuencia en nuestro país, es decir; debe dibujar la cancha comunicacional y política sobre lo que se discute y se produce en nuestra sociedad. No podemos volver a dejar en manos de los medios de comunicación la solución de nuestro miedos, peligros y temores como sociedad.
Por último, debe ser una institución que permita abrir la discusión respecto de las soluciones reales que se necesitan para combatir la delincuencia y el crimen organizado. En ese sentido, más ser un ente coordinador entre ministerios, tiene que posibilitar que otro tipo de instituciones desarrollen programas efectivos de prevención del delito, ya que, solo mejorando las situaciones sociales, educacionales, económicas y culturales de nuestro país, es que vamos a poder salir de este laberinto y mal sueño que tenemos como sociedad.
William Acuña es Licenciado en Antropología Social.
El Maipo.
Bibliografía.
INE (2022). “19° Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2022: Presentación de Resultado. Noviembre 2023”.
CEP (2023). Inmigración y delincuencia. Últimas cifras. Centro de Estudios Públicos. Edición Digital N°663, julio 2023.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
