“Sin una sociedad civil empoderada, con organizaciones sociales, territoriales y funcionales masivas y activas, nuestro territorio seguirá siendo arrasado por el afán de lucro de las grandes empresas que nos venden servicios básicos que debiesen ser derechos sociales garantizados por el Estado”.
El jueves 1° de agosto más de un millón de hogares quedaron a oscuras luego de que un temporal de viento y lluvias hiciera colapsar miles de árboles y cientos de postes de alumbrado público en la zona central del país.
Las causas de tal desbarajuste empezaron a repetirse, una y otra vez, en noticiarios y matinales: un evento de vientos huracanados jamás nunca visto, fuera de todo pronóstico, el calentamiento global haciendo estragos, el Armagedón, los jinetes de la Apocalipsis desatados.
Lo que usted se imagine antes de mirar a quienes dan el servicio de suministro eléctrico, que en nuestro país se regaló a precio de huevo durante la Dictadura. Con prohibición de regresar al Estado, terminó en manos, entre otros, de Sebastián Piñera y José Yuraszek en el llamado “Negocio del Siglo”. Actualmente en manos de ENEL, empresa de origen italiano cuyo accionista mayoritario es el Estado del país europeo.
Al poco andar de la crisis, fue quedando claro que la responsabilidad del corte de la luz no podía entenderse solo como algo tan despersonalizado como el clima. Comenzaron las protestas ciudadanas en múltiples barrios, incluidas las comunas del barrio alto de Santiago. Y ahí el foco terminó por posarse en los verdaderos responsables.
Por ley, las empresas de distribución eléctrica están obligadas no solo a prevenir estas crisis, sino también a reaccionar oportunamente ante este tipo de contingencias, reponiendo el servicio y atendiendo las emergencias y daños de diverso tipo que puedan acontecer.
De acuerdo a lo manifestado por el gobierno, la ley se ha infringido en todos sus estándares, comprometiéndose a ser tan riguroso como lo es la indignación ciudadana. A la fecha, la SEC ha formulado 16 cargos a empresas. En estos días, las empresas no han cumplido con los plazos legales de reposición, ni con el despliegue de cuadrillas, ni con estándares mínimos de atención al cliente, ni con los compromisos establecidos día a día con la autoridad.
Todo esto, seguido paso a paso por matinales y noticieros de la televisión abierta y medios de comunicación de diverso tipo y alcance.
Pasamos del asombro climático al show de las demandas colectivas, los procesos de caducidad de concesiones, los plazos y ultimatum, las acciones para lograr el cobro de compensaciones. Esto, hasta que otro foco noticioso desplace al actual y empiece a quedar en el olvido de la opinión pública la presión por lograr justicia y compensación por los daños recibidos.
Para nuestro territorio de El Maipo, principalmente rural, esta crisis no tiene nada de nuevo. Atendidos por la CGE, los cortes se producen de manera frecuente provocando mucho más que molestias. La ausencia de energía para sostener procesos críticos como en enfermos electro dependientes; o el riesgo que corren nuestros artefactos eléctricos que se transforma con demasiada frecuencia en daños cuantiosos para nuestras familias o pequeños negocios, daños que nunca son resarcidos por CGE. Entre otros problemas como los de seguridad ciudadana, por nombrar solo algunos.
Frente a esta realidad, son innumerables las quejas, querellas y demandas ante los organismos pertinentes que quedan una y otra vez en nada. Gestiones de grupos de vecinos, a veces apoyadas por autoridades locales y territoriales son desatendidas como pan de cada día. Todo se olvida muy rápidamente, hasta que viene una nueva “brisa” o alguna “llovizna” y el sistema colapsa una y otra vez.
En el actual ambiente de demanda por mejorar la calidad del sistema y servicio eléctrico ya salen voces solicitando medidas importantes. Por ejemplo, poner el pie en el acelerador para ley que prohíbe los cables en superficie, soterrando su tendido. O la creación de una empresa estatal chilena de electricidad, propuesta de los diputados del Frente Amplio, Partido Comunista y de Frente Regionalista Verde.
Como vecinos de las comunas que forman el patio trasero rural del Gran Santiago, hemos visto con expectación la explosión mediática que se ha producido al apagarse la luz en las comunas más populosas del país. A sus vecinos les decimos desde el territorio del Maipo que no se fíen en que sobrevendrán cambios que mejoren nuestra seguridad y tranquilidad energética. Todo puede quedar en nada, como normalmente ocurre.
Si algo nos tiene hablando de la mala calidad del sistema eléctrico, y de que el afán de lucro en la provisión de servicios básicos pone en segundo o tercer lugar a los usuarios, mucho después que el asegurar cifras obcenas de utilidades ($ 1.378 millones diarios en 2024), son las manifestaciones que espontáneamente, producto de la necesidad imperioso de volver a contar con electricidad, realizaron miles de vecinos en muchas comunas y ciudades del país.
La guinda de la torta la ponen los Alcaldes y candidatos a Alcaldes, que en medio del frenesí electoral que ya se ha iniciado, se dan de codazos para aparecer en el centro de la foto para presentar demandas colectivas contra CGE o ENEL, energía que no se aprecia al pasar las elecciones y tener que administrar territorios en donde las eléctricas se pavonean con el poder que detentan hace ya demasiado tiempo.
Sin una sociedad civil empoderada, con organizaciones sociales, territoriales y funcionales masivas y activas, nuestro territorio seguirá siendo arrasado por el afán de lucro de las grandes empresas que nos venden servicios básicos que debiesen ser derechos sociales garantizados por el Estado.
Miguel Jara Gómez. Antropólogo Social, Magister en Educación y Comunicador Social, colaborador de El Maipo
