Es urgente evitar que los mecanismos de financiamiento ilícito de la política, que cursaron por la vía de las boletas ideológicamente falsas, se reinstalen otra vez en el sistema.
Todo lo que ha sucedido en la casa de Zalaquett (y en otras casas similares) posee los ingredientes necesarios para condimentar de rumores los calores del verano. El lobby, tan extendido y a la vez tan negado en las prácticas institucionales de la política chilena, ha venido a colmar una sensación de hartazgo respecto a las dificultades del gobierno para explicar con simplicidad y llaneza lo que debe ser aclarado sin doble rasero.
Hablar de lobby es asumir la existencia de una actividad omnipresente, destinada a influir en las decisiones ajenas en una determinada dirección. No se reduce a la actividad de empresas o proveedores bajo un interés específico. Por ello, las legislaciones al respecto apuntan a la igualdad de oportunidades para participar en la toma de decisiones de los poderes públicos.
Existen formas de cabildeo social y actividades de incidencia ciudadana por causas relevantes que se espera que puedan ser atendidas por una autoridad. Vale la pena recordar las cenas en la casa del Cardenal Silva Henríquez en 1973, que reunían al, presidente Salvador Allende con el líder de la oposición, Patricio Aylwin, con el fin de intentar llegar a acuerdos que evitaran el golpe de Estado.
En esa lógica, el lobby es una práctica legítima y necesaria. El problema es que la complejidad de estos procesos, en un contexto de alta asimetría de poder, información y acceso al diálogo directo con las autoridades, ha llevado a que deban estar regulados tanto en lo estrictamente legal como también por códigos de ética institucional que van más allá de las exigencias mínimas de la regulación jurídica.
Es tentador jugar al empate, como lo ha hecho el diputado Raúl Soto, diciendo que “dado que han participado personeros políticos de lado y lado, creo que el mea culpa debe ser colectivo”. Fácil arreglo, pero difícil solución, cuando las responsabilidades pueden estar extendidas, pero también claramente diferenciadas. No es lo mismo participar en este tipo de comidas como autoridad de gobierno, sujeto a la regulación de la ley de lobby que, como particular, sin un cargo en el aparato del Estado.
Pero hay una dimensión más compleja en este asunto. Se le puede llamar la arista Piergentili, porque involucra algo más que desprolijidad y falta de prudencia, como han demostrado las autoridades ministeriales involucradas. Esta arista expone la existencia de pagos por parte de la sociedad del lobista Zalaquett a dirigentes políticos. Muestra un modelo de intermediación que, como señaló textualmente la expresidenta del PPD, buscaba que los involucrados se “cuidaran” de verse expuestos.
Esta relación opaca se parece demasiado a lo que se denomina “tráfico de influencias”, lo que implica la utilización de la posición que se ostenta o las relaciones personales que se tienen para obtener favores, preferencias o beneficios, generalmente de manera indebida. Cuando se llega al punto de permitir que se obtengan ventajas injustas (empleos, contratos o tratos preferenciales), pasaría a ser algo abiertamente ilegal.
El caso de la expresidenta del PPD Natalia Piergentili es de fácil caricaturización. Se trata de una de las dirigentes políticas que se ha ganado los odios enconados de su propio campo político debido sus imprudencias discursivas (la referencia a los “monos peludos” para llamar a los militares del Frente Amplio) o por su extraña racionalidad electoral a la hora de enfrentar la elección del Consejo Constitucional, que prefirió encarar en una lista separada del resto del oficialismo y que redundó en un resultado paupérrimo. El financiamiento de su candidatura al Consejo Constitucional, por parte de Juan Sutil, agravó esas desconfianzas.
Se simplificaría el problema colocando a Piergentili en su rol de bestia negra. Porque más allá de su persona, lo que se intuye es un sistema de pagos a líderes partidarios que debería ser investigado con mayor detalle y extensión. Es urgente evitar que los mecanismos de financiamiento ilícito de la política, que cursaron por la vía de las boletas ideológicamente falsas, se reinstalen otra vez en el sistema con una nueva regularidad.
Piergentili tiene todos los atributos para convertirse en el chivo expiatorio ideal de esa situación. Como ha reflexionado Rene Girard, la figura del chivo expiatorio es un mecanismo de adaptación social que aparece en situaciones de crisis como el causante de todos los males de una comunidad. Incluso, él mismo se experimenta culpable de todo, hasta que el conflicto se resuelve de manera sacrificial, colocando sobre su figura todas las responsabilidades. Piergetili ha hecho mérito suficiente para asumir ese papel, pero no sería justo que una sociedad madura se diera por satisfecha aplicando un mecanismo tan simple y rudimentario a la hora de cerrar este conflicto.
Columna publicada por The Clinic, enero 21 de 2024.
Para El Maipo: Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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