Varios represores chilenos reconocieron hoy haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero intentaron justificar su actuación con el pretexto de que cumplían órdenes.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, afirman 27 de los 134 recluidos en el penal de Punta Peuco.
En una carta enviada al legislador independiente Gonzalo de la Carrera y leída en la Cámara de Diputados, los reos dijeron que sus acciones fueron el reflejo de “una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el adversario”.
Entre los firmantes figuran Iván Quiroz, agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que participó en el asesinato de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante la conocida como Operación Albania.
También está Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua por el crimen contra el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Tucapel Jiménez; y José Zara, preso por el asesinato del general y excomandante del ejército Carlos Prats y su esposa en Argentina.
Otro de los autores es Manuel Provis, formado en la Escuela de las Américas, quien integró el contingente del campo de tortura de Villa Grimaldi y de la Brigada Caupolicán, organismo dirigido por Manuel Contreras, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet.
Estos represores solicitan que sus superiores asuman la responsabilidad y se exculpe a los suboficiales, soldados y agentes civiles de la DINA y la CNI para que puedan quedar en libertad.
Al referirse a la misiva, la diputada Lorena Fries, de Convergencia Social, recordó que efectivamente los altos mandos dan órdenes y quienes están más abajo ejecutan, pero esto no quiere decir que ellos sean inocentes.
Frente a crímenes de lesa humanidad no caben beneficios para ellos, peor aún cuando se negaron a cooperar con la justicia, no entregaron antecedentes para dar con el paradero de las víctimas y nunca se arrepintieron de su accionar, dijo la legisladora.
Por su parte el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista, declaró que, tras el reconocimiento por los represores de estos crímenes, las fuerzas de la derecha no tienen más argumentos para negar la violación sistemática de los derechos humanos en el país.
El extremista Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos, con amplia mayoría en el Consejo Constitucional, aprobaron una enmienda para beneficiar con prisión domiciliaria a los reos con más de 75 años de edad, una decisión que causa profundo rechazo en la sociedad.
Fuente: El Maipo/PL
