Reforma Agraria y Sindicalización Campesina: el fin de la hacienda y el nacimiento de un nuevo campo chileno
El 29 de abril de 1967, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se promulgó la largamente esperada ley de sindicalización campesina. La norma reconoció a las asociaciones sindicales del campo el derecho a mejorar las condiciones laborales de sus miembros, negociar contratos colectivos, representar a los trabajadores campesinos en el ejercicio de sus derechos, velar por el cumplimiento de la legislación de seguridad social y laboral, y promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados.
Meses más tarde, el 28 de julio de ese mismo año, el país viviría una de las transformaciones más profundas de su historia moderna: la puesta en marcha de la Reforma Agraria.
El fin de un orden de siglos
Pocas instituciones marcaron tanto la historia de Chile como la hacienda. Iván Radovic, quien fuera Director Ejecutivo de la Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina (OCAC), organización vinculada a la Iglesia Católica, describió a la hacienda como la figura institucional de mayor permanencia en el país, con raíces que se extienden desde el siglo XV hasta fines del siglo XX. Su origen se remonta a los primeros tiempos de la colonización española, a través de las encomiendas y las mercedes de tierra; se consolidó como respuesta al primer auge triguero del siglo XVIII; terminó de estructurarse durante el siglo XIX, y alcanzó su ocaso recién entrada la década de 1960, con la promulgación de la Ley 16.640 de Reforma Agraria y, junto a ella, la Ley 16.625 de Sindicalización Campesina. Por primera vez, hombres y mujeres del campo eran reconocidos como sujetos de derecho, con voz propia en las transformaciones que vivía el país.
Justicia social y soberanía alimentaria
Existe un consenso amplio entre historiadores y protagonistas de la época en que el proceso iniciado con la Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina representó una de las transformaciones estructurales más profundas de la historia chilena. No solo mejoró las condiciones de vida en educación, salud, alimentación y vivienda, sino que además sentó las bases para un nuevo impulso industrializador.
Andrés Zaldívar Larraín, entonces Subsecretario de Hacienda y militante democratacristiano, resumía el sentido de la reforma señalando que redistribuir la tierra significaba incorporar una cuota de justicia social a la estructura de la propiedad, dignificar a la gente del campo y modernizar la agricultura, de modo que el país pudiera autoabastecerse de alimentos y dejar atrás su dependencia de las importaciones. La paradoja, subrayaba, era evidente: Chile contaba con extensas tierras cultivables, suelos fértiles, un clima favorable y mano de obra suficiente, y sin embargo debía importar alimentos para su propia población.
Décadas de luchas silenciadas
Estas transformaciones no surgieron de la nada. Fueron el resultado de décadas de organización y resistencia campesina que se remontan a inicios del siglo XX, marcadas por episodios de represión y movilización:
- El asesinato de Luis Reveco durante la huelga del Fundo Lo Herrera, en San Bernardo, en 1921.
- La gran marcha de campesinas y campesinos de Culiprán, en Melipilla, ese mismo año.
- El alzamiento campesino mapuche de Ranquil, en 1934, reprimido por el gobierno de Arturo Alessandri con un saldo de más de 430 muertos.
- La llamada “marcha del hambre” de los campesinos de Molina, en 1958.
En este largo proceso de organización, la Iglesia Católica tuvo un rol preponderante, liderado por figuras como el obispo de Talca, Manuel Larraín Errázuriz, y el cardenal Raúl Silva Henríquez.
Una esperanza truncada
La Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina abrieron un horizonte de dignidad y oportunidades para las familias campesinas chilenas y mapuche. Sin embargo, el proceso —pensado originalmente para madurar en un plazo de treinta años, mediante planes de capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica y financiera— alcanzó a vivir apenas sus primeros seis años.
El crecimiento de la sindicalización campesina en ese breve período fue notable: entre 1963 y 1970 los trabajadores sindicalizados pasaron de 1.500 a 140.293, cifra que llegó a 253.531 en 1972, según datos recogidos por Barraclough (1974). Poco antes del golpe de Estado, se hablaba de más de 300.000 trabajadores del campo organizados sindicalmente.
El quiebre de 1973
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros, bajo la conducción de la derecha chilena, destruyeron el Estado de Derecho e iniciaron una de las persecuciones más crueles contra líderes y dirigentes campesinos, tiñendo de sangre los campos del país. Comenzaba así el proceso de contrarreforma agraria: la expropiación y destrucción de los predios colectivos de producción agropecuaria, la expropiación de extensos predios boscosos y una fuerte presión financiera sobre los parceleros, muchos de los cuales se vieron obligados a vender sus tierras y migrar hacia centros urbanos como Santiago, Concepción, Valparaíso y Temuco.
La Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina siguen siendo, hasta hoy, un punto de referencia obligado para entender las transformaciones sociales, económicas y políticas del Chile del siglo XX.
El Maipo
