La historia demuestra que cuando los discursos de odio no se detienen, avanzan hacia la violencia, la persecución y, en última instancia, el exterminio. El asesinato de Yaidy Garnica es doblemente grave porque ocurre en un clima de creciente xenofobia que se intensifica cada día en Chile.
A diferencia de otros crímenes que reciben amplia cobertura mediática —como aquellos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad—, en este caso no hubo escándalo en los noticieros, solo notas que, en los hechos, eluden la calificación de crimen de odio. Se apunta al volumen de la música, a que “los venezolanos no saben vivir en otro país”, entre otros argumentos que buscan desplazar la responsabilidad. La retórica del “No justifico, pero…” disfraza un discurso xenófobo que, en el fondo, responsabiliza a la víctima.
No hay parlamentarios conmocionados en los matinales. No hay declaraciones de partidos políticos que demuestren preocupación por la violencia ni por la seguridad cuando la víctima es migrante. Menos aún de candidatos, conscientes de que, en el actual escenario, expresar apoyo a la comunidad extranjera podría restarles votos en su carrera hacia La Moneda.
A una semana del asesinato de Yaidy Garnica —mujer venezolana de 43 años, madre y abuela— a manos de un vecino en Cerro Navia la noche del 15 de junio, el hecho ha pasado casi desapercibido en el debate público. No hubo cadenas nacionales, puntos de prensa ni comunicados institucionales. La clase política guardó silencio. Yaidy murió no solo por el disparo a quemarropa, sino también por una sociedad que elige mirar hacia otro lado cuando la víctima tiene acento extranjero y piel de migrante.
El caso de Yaidy no es una excepción. En mayo de 2023, Milton Domínguez —colombiano, afrodescendiente, en situación de calle y con discapacidad— fue brutalmente asesinado en el centro de Iquique por un grupo de infantes de marina. La agresión fue registrada por cámaras de seguridad. Aunque el hecho generó rechazo en algunos sectores y fue visibilizado por organizaciones como el Hogar de Cristo y el Servicio Jesuita a Migrantes, el silencio de la clase política volvió a imponerse.
Hoy, como entonces, ningún partido —ni de izquierda, centroizquierda o derecha— emitió una declaración institucional condenando el hecho. Más allá de comunicados locales o reacciones aisladas desde la sociedad civil, el sistema político chileno volvió a guardar un silencio que se vuelve cómplice.
Cuando los partidos no condenan estos crímenes de manera clara, no los reconocen como crímenes de odio ni exigen justicia, lo que hacen es sembrar el terreno para la impunidad. La ausencia de palabras, de memoria y de denuncia fortalece la normalización de la violencia racista y xenófoba.
Y eso tiene consecuencias reales: se estimula el odio, se valida la exclusión, se refuerzan los prejuicios. Se instala —de manera implícita pero eficaz— la idea de que hay vidas que valen menos, muertes que importan poco. Esa indiferencia social pavimenta el camino hacia nuevas injusticias.
Chile vive hace años un proceso de transformación social marcado por la llegada de miles de personas migrantes que buscan un futuro mejor. Pero en vez de políticas de inclusión y convivencia, se ha impuesto una narrativa de sospecha, temor y criminalización. Los discursos que asocian migración con delincuencia se han instalado en el parlamento y los medios. En ese contexto, se producen asesinatos como el de Milton y el de Yaidy.
Los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica: no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras se cometen crímenes que, de no tener rostro migrante, generarían un rechazo inmediato y transversal. La defensa de la dignidad humana no puede ser selectiva. Tampoco el compromiso con los derechos humanos. Si la muerte de una mujer migrante o de un hombre en situación de calle no merece una condena pública, ¿entonces qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Hoy más que nunca se requiere una respuesta clara y comprometida del sistema político chileno. Es tiempo de que los partidos comprendan que su silencio no es neutralidad: es abandono. Es consentimiento. Y ante el racismo, la violencia y los crímenes de odio, el silencio también mata.
Recordemos que en enero de 2025, dos de los autores del homicidio de Milton Domínguez fueron condenados a cinco años de libertad vigilada, a pesar de que el país entero vio cómo los cuatro marinos lo golpeaban hasta matarlo.
Ahora, las cámaras registran cómo una turba ataca a una familia, y un hombre dispara a quemarropa sobre Yaidy, que yace en el suelo mientras es golpeada, todo frente a sus hijos.
¿Qué justicia espera a Yaidy y su familia? ¿Quién alza la voz por quienes no la tienen? ¿Quién exige justicia cuando los partidos y el poder callan?
Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, seguiremos contando víctimas. Y el país seguirá perdiendo su alma.
Miguel Jara Gómez, colaborador de El Maipo, es antropólogo social, magister en Educación y Comunicador Social.
