ay decisiones que no solo hablan de seguridad, sino también de cómo entendemos a la infancia y de cuánto confiamos – o desconfiamos – de quienes estamos formando.
Hoy, tras la firma de proyectos de ley que buscan reforzar la seguridad en establecimientos educacionales – modificando el Código Penal, endureciendo sanciones y proponiendo medidas como la revisión de mochilas-, se instala con fuerza una idea: que el control es el camino para recuperar la convivencia escolar. Todo esto bajo una consigna que suena incuestionable: que ningún niño, niña o adolescente tenga miedo de entrar a su sala de clases.
Sin embargo, cuando se observa con mayor detención, aparece una tensión profunda entre lo que se busca y lo que realmente se está construyendo. Normalizar la revisión de mochilas en los colegios no es una medida aislada; es abrir una puerta cultural y política compleja. Porque si aceptamos esa lógica dentro de la escuela, entonces se vuelve legítimo extenderla a otros espacios de la vida cotidiana: revisar carteras al entrar a un mall, bolsas en la feria o incluso maleteros al cargar bencina. En ese desplazamiento, lo que se instala no es solo prevención, sino una forma de convivencia basada en la sospecha.
A partir de ahí, surge una pregunta que no es menor: ¿estas medidas serán realmente universales o, como ha ocurrido históricamente, se concentrará en los territorios más vulnerables? ¿Los colegios privados de mayor costo en Chile implementarán estas mismas prácticas o el control volverá a recaer sobre las mismas infancias de siempre? Si la respuesta no es igual para todos, entonces no estamos frente a una política de seguridad, sino frente a una política de diferenciación social. Y ese mensaje – aunque no se diga explícitamente – se transmite con fuerza.
En este contexto, revisar mochilas deja de ser un procedimiento técnico y se convierte en un símbolo. Un símbolo que instala la idea de que el riesgo está en el estudiante. Que el peligro puede estar en ese niño, niña o adolescente que entra a la sala. Así, la escuela comienza a desplazarse desde un espacio de formación hacia uno de vigilancia, debilitando el vínculo educativo que justamente permite prevenir la violencia.
Este fenómeno no puede comprenderse sin mirar el contexto más amplio. Ya lo advertía Émile Durkheim al hablar de la anomia: cuando el lazo social se debilita, las normas dejan de sostener sentido y pertenencia. Hoy eso se expresa en comunidades educativas donde confluyen múltiples factores de riesgo: salud mental no abordada, consumo problemático cada vez más temprano, exposición intensiva a pantallas, debilitamiento de los vínculos familiares y una profunda sensación de desamparo.
En esa misma línea, Amanda Céspedes ha sido clara: lo que estamos viendo no es simplemente violencia escolar, sino violencia social. Es decir, la escuela no origina el problema, lo recibe. Niños, niñas y adolescentes llegan a ese espacio cargando historias complejas, muchas veces invisibilizadas, en contextos donde los adultos también están sobrepasados, sin herramientas suficientes para contener, orientar o acompañar.
Y en medio de ese escenario, hay un actor clave que ha quedado prácticamente fuera del debate: los docentes. Hoy muchos profesores trabajan en condiciones de alta presión, enfrentando situaciones de violencia, desregulación emocional y conflictividad constante. No son pocos los casos en que una anotación negativa, una llamada de atención o una medida disciplinaria desencadenan amenazas directas hacia ellos. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué va a ocurrir cuando, además, sean ellos quienes deban enfrentar el hallazgo de un arma? ¿pondrán guardias de seguridad para eso? ¿Qué respaldo real tendrán? ¿Qué sistema los protegerá?
Porque la política propone medidas y no siempre construye las condiciones para sostenerlas.
A esto se suma otra dimensión invisibilizada: la complejidad de las trayectorias de los propios estudiantes. ¿Qué ocurre con aquellos niños, niñas y adolescentes que no llevan mochila porque no tienen recursos? ¿Qué pasa con quienes ya están siendo instrumentalizados por redes delictuales o narcotráfico? ¿Cómo se interviene en esos casos? Claramente, no mediante la revisión de pertenencias.
Lo que se requiere ahí es intervención especializada, trabajo territorial sostenido, articulación intersectorial y un sistema de protección robusto. Sin embargo, muchas de estas decisiones parecen pensadas desde el escritorio, lejos de la experiencia cotidiana de quienes trabajan en terreno. Intervenir en la infancia no es solo diseñar protocolos; es comprender historias de vida.
En esa misma lógica se inscriben otras medidas que acompañan este enfoque: aumento de penas, exclusión de beneficios como la gratuidad, responsabilización económica de los padres. Son iniciativas que generan impacto comunicacional, que muestran acción, que ordenan el debate público. Pero dejan fuera una dimensión fundamental: la reinserción.
Aquí la pregunta es urgente: ¿dónde está el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en esta discusión? Porque si no se aborda de manera seria la prevención, la salud mental, el consumo problemático, las trayectorias de exclusión y las familias sin herramientas, lo que se construye no es una solución, sino una respuesta simbólica.
Tal como planteaba Michel Foucault, las sociedades contemporáneas han sofisticado los mecanismos de vigilancia y control. Pero más control no implica necesariamente más integración. De hecho, muchas veces produce el efecto contrario: mayor exclusión, mayor distancia, mayor fractura social.
El riesgo, entonces, es claro. La violencia no nace en la escuela ni entra en una mochila. La violencia se gesta mucho antes, en experiencias de abandono, en la ausencia de redes, en sistemas que no logran llegar a tiempo.
Desde el trabajo social, esto no se observa en estadísticas, sino en trayectorias. En historias que comenzaron en la infancia y que hoy aparecen solo cuando el conflicto se vuelve visible.
Por eso, más que preguntarnos cómo revisar mochilas, la pregunta de fondo sigue siendo otra: ¿qué estamos haciendo, realmente, para que esos niños, niñas o adolescentes no lleguen a ese punto?
Y hay algo más – más íntimo, más incómodo, más real – que no puedo dejar fuera. A mí también me hubiese gustado que me revisaran la mochila en el colegio. Pero no para buscar armas, sino para darse cuenta de que muchas veces no lleve colación, porque simplemente no había qué comer en la casa. Tal vez ahí está el problema que seguimos sin ver: miramos las mochilas, pero seguimos sin mirar lo que falta dentro de ellas.
Porque castigar más temprano no resuelve. Revisar mochilas no repara. Prohibir no transforma. Y mientras no miremos eso… seguiremos confundiendo control con solución.
*Maritza Ortega Palavecinos, trabajadora social, experta en intervención psicosocial.
El Maipo/Le Monde Diplomatique
