Cada vez que la izquierda chilena pronuncia la palabra fascismo pierde una discusión. El término tiene su historia y sus razones, pero en el debate público opera como atajo: nombra al adversario y exime del trabajo de entenderlo. Prefiero volver al momento en que ese trabajo se hizo en serio. El 2 de agosto de 1935, en el informe con que abrió el VII Congreso de la Internacional Comunista, Georgi Dimitrov tuvo que reconocer que la línea anterior había sido una catástrofe. Durante años el comunismo europeo trató a la socialdemocracia como enemigo principal, bajo la etiqueta de socialfascismo, mientras Hitler llegaba al poder. Lo interesante de ese informe no es su famosa definición del fascismo. Es que alguien haya tenido que subirse a un estrado a explicar por qué se habían equivocado durante seis años.
Esa definición, de hecho, es lo primero que hay que descartar. La fórmula del Komintern habla de dictadura terrorista abierta de los sectores más reaccionarios del capital financiero, y describe mal lo que ocurre en Chile. El gobierno de Kast legisla con el Congreso, tramita sus reformas en comisiones, respeta los quórums y acepta que a veces los tribunales le fallen en contra. Su instrumento principal es el trámite. El proyecto de reforma constitucional en seguridad instala un estado de excepción permanente por la vía de incorporarlo al texto. El Decreto 333 recorta salud pública sin que un solo uniformado salga a la calle. La megarreforma tributaria produce un déficit que en cuatro o cinco años convertirá el desmantelamiento del Estado social en una obligación aritmética, discutible solo en su ritmo. Nada de esto exige terror abierto. Exige mayorías y tiempo.
Lo que sí se sostiene, y que seguimos sin asumir, es la tesis sobre la base de masas. Dimitrov insistía en que el fascismo no se impone únicamente desde arriba: conquista sectores populares mediante demagogia social, agravio y desesperación. Kast no ganó con los votos del capital financiero, que le habrían alcanzado para muy poco. Ganó en comunas donde la izquierda administró municipios durante años y creyó tener domicilio permanente. La reacción mayoritaria del campo progresista fue explicar ese voto por ignorancia o manipulación, que es la versión actualizada del socialfascismo. Cambió el destinatario del desprecio, no el desprecio.
De ahí se sigue lo que Dimitrov llamó nihilismo nacional, el error de entregar al adversario la tradición y los símbolos como si tocarlos ensuciara. Nosotros lo repetimos con una palabra concreta, seguridad. Durante años tratamos la demanda de orden como un síntoma reaccionario que había que reeducar, cuando en una población gobernada por bandas esa demanda es de las más igualitarias que existen. Quien puede pagar seguridad privada no la formula nunca. Cedimos la palabra y después nos indignamos de que la usaran.
Con eso ya se puede formular una política. Dimitrov distinguía dos niveles y la confusión entre ambos es hoy nuestro problema principal. El primero es el frente único del propio campo popular, que en Chile sigue pendiente y que ninguna cantidad de convocatorias amplias reemplaza. El segundo es un frente democrático más ancho, donde caben quienes no son de izquierda y no tienen por qué serlo: jueces preocupados por la independencia judicial, prensa que descubre lo que cuesta informar bajo un gobierno impaciente, iglesias, colegios profesionales, democratacristianos, liberales, y también empresarios que tarde o temprano advierten que un poder capaz de decidir por decreto puede decidir sobre ellos. El criterio de ingreso no debería ser programático sino un piso de tres límites: ninguna impunidad para crímenes de agentes del Estado, ningún gobierno por excepción y ningún desmonte de servicios públicos por la vía presupuestaria. Con eso basta. Todo lo demás puede seguir en disputa, y de hecho conviene que siga en disputa, porque un frente que exige acuerdo en todo se llama partido y ya sabemos cuánto duran.
Hay una parte de la experiencia de 1935 que no debe repetirse. Aquel frente se diseñó en Moscú y subordinó las tácticas nacionales al interés de un Estado extranjero. España entre 1936 y 1939 pagó esa factura completa. Hoy no hay Moscú, pero existe un equivalente funcional en la subordinación al calendario electoral. Un frente que se arma cuatro meses antes de una elección dura hasta el lunes del conteo.
La diferencia se juega en el territorio. El daño de este gobierno no es abstracto y tampoco es simultáneo: llega primero a un consultorio que dejó de dar horas y a un municipio al que le recortaron la transferencia sin anuncio previo. Los alcaldes y las formaciones territoriales que hoy sostienen servicios con presupuestos deliberadamente insuficientes están haciendo política antiautoritaria aunque nadie la nombre así. No necesitan que los convoquemos a una unidad declarativa. Necesitan argumento, cifra y compañía, que es un encargo más modesto y bastante más difícil.
Queda una cosa por decir sobre Dimitrov, y es anterior a toda su teoría. En 1933 lo acusaron del incendio del Reichstag y se defendió solo en Leipzig, hasta dejar a Göring sin respuestas en el estrado. Todavía no tenía la doctrina que formularía dos años más tarde. Tenía un tribunal enfrente y la decisión de no quedarse callado. Nosotros, por ahora, seguimos discutiendo cómo se llama el incendio.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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