Una marcha en defensa del derecho al agua tiene lugar hoy en la capital uruguaya, cuya más emblemática arteria, la avenida 18 de julio, está cortada parcialmente por la manifestación.
Resulta una protesta convocada por la central sindical PIT-CNT, que cuestiona las respuestas gubernamentales frente a la crisis hídrica en el país, en particular al servicio de agua corriente que reciben unos dos millones de habitantes en Montevideo y su zona metropolitana.
«Nos quieren hacer creer que esta crisis es producto de la sequía. Pero el 50 por ciento del agua potable se pierde por el estado de los caños» argumentó la agrupación sindical en su cuenta en Twitter.
El mensaje asegura que en la administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), responsable del suministro de agua, hay mil puestos de trabajo menos, lo cual repercute en el servicio a la población.
Se trata de un argumento que defiende el sindicato de OSE, que endilga al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou una práctica de recortar gastos y empleos en esa entidad pública.
Lo cierto es que Uruguay padece una sequía persistente, cuyas consecuencias decidieron hace meses la declaración de emergencia agropecuaria.
Por ese decreto el Ejecutivo apoya a productores que tienen gran peso en la alimentación y, también, en buena parte de las exportaciones nacionales.
La continuación de la seca afectó al embalse de Paso Severino que nutre del vital líquido a Montevideo, Canelones y zonas conurbadas, y hoy está al seis por ciento de su capacidad de almacenaje.
Ante la coyuntura OSE recurrió a tomar aguas del Río de la Plata, que conecta con el océano Atlántico, y mezclarla con las de Paso Severino, por lo cual el líquido que sale por los grifos en esta capital es salobre.
Es un agua no potable, pero bebible, según el ministro de Ambiente, Robert Gouvier.
También del lado del gabinete, la ministra de Salud, Karina Rando, recomendó a embarazadas, menores y personas con varios padecimientos crónicos a beber agua embotellada.
Se trata de un producto cuya venta se disparó en mercados y comercios, y que el gobierno e instituciones reparten en escuelas, hospitales y otras dependencias públicas.
Fuente: El Maipo/PL
