Por Ambientum Portal Ambiental
El gobierno de Donald Trump ha reactivado este viernes la polémica al autorizar nuevamente el uso del pesticida dicamba en cultivos de soja y algodón modificados genéticamente. La medida, dictada a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ha encendido las alarmas de las organizaciones ecologistas, ya que se produce tras una serie de reveses judiciales que, tanto en 2020 como en 2024, anularon los permisos previos debido a los graves daños ambientales documentados.
Desde la EPA han justificado la decisión como una respuesta de urgencia a las demandas del sector agrícola, especialmente en el denominado «Cinturón Algodonero». Según el comunicado oficial de la agencia, los productores estadounidenses enfrentan desafíos críticos para controlar las malezas resistentes, y el acceso a este herbicida se considera una herramienta indispensable para garantizar la viabilidad de sus cosechas en crecimiento.
Nube química a kilómetros
Sin embargo, el dicamba arrastra un historial sombrío debido al fenómeno de la «deriva». A diferencia de otros pesticidas, este producto tiende a volatilizarse con el calor, desplazándose en forma de nube química a kilómetros de distancia del punto de aplicación. Este efecto ha provocado el envenenamiento accidental de millones de hectáreas de cultivos convencionales, huertos familiares y ecosistemas forestales que no cuentan con la protección genética necesaria para resistir el químico.
Ya en 2020, una sentencia de un tribunal federal subrayó que el uso de este pesticida no solo causaba estragos ecológicos, sino que había «destrozado el tejido social» de las zonas rurales, enfrentando a vecinos cuyas granjas resultaban dañadas por las fumigaciones colindantes. A pesar de estos antecedentes, la EPA sostiene que las nuevas restricciones —que incluyen límites en la cantidad aplicada y la prohibición de uso bajo ciertas temperaturas— son suficientes para garantizar una aplicación segura.
Defensores del medio ambiente
Por su parte, el gigante agroquímico Bayer, que heredó el producto tras la compra de Monsanto, ha celebrado la noticia. La compañía planea comercializar la fórmula bajo el nombre de «Stryax» y ya ha anunciado el inicio de los trámites para obtener las validaciones a nivel estatal.
La respuesta de los defensores del medio ambiente no se ha hecho esperar. Califican las salvaguardas de la administración como «insuficientes» y «cosméticas», denunciando que el nuevo permiso permite el uso del herbicida durante todo el año, incluidos los meses de verano, cuando las altas temperaturas disparan el riesgo de volatilidad y dispersión incontrolada. La batalla legal por el futuro de los campos estadounidenses parece lejos de terminar.
El Maipo/Ambientum
