El Senado revisará hoy y someterá a votación la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, señalado por supuestos errores en el cálculo de las cuentas públicas que generarán un abultado déficit fiscal.
Los cargos fueron planteados por los ultraderechistas partidos Republicano y Nacional Libertario y cuentan con el apoyo de parte de la derecha tradicional.
Esta acusación ya fue aprobada en la sala de diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, sin embargo, en la Cámara Alta el margen es mucho más estrecho pues las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición están muy parejas.
Para prosperar, el libelo debe alcanzar al menos el sufragio de 26 de los 50 senadores lo que a priori se prevé muy difícil.
Luciano Cruz-Coke, del partido Evópoli, decidió automarginarse de la votación, en tanto Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, no estará presente por encontrarse de viaje oficial.
Además, hay muchas dudas y escepticismo sobre la legalidad de la acusación en senadores independientes, e incluso, entre miembros de la coalición conservadora Chile Vamos.
La extrema derecha señala que Grau vulneró los principios de probidad, el deber de coordinación financiera y de la universalidad presupuestaria al redactar el informe de finanzas públicas de 2025 y sus ajustes para 2026, lo cual da lugar a un agujero de varios miles de millones de dólares.
Esta tesis es rebatida por varios especialistas y el Consejo Fiscal Autónomo, un órgano independiente que asesora a La Moneda, aseguró que no hay errores aritméticos o inconsistencias en las proyecciones de deuda pública hechas por el exministro Grau.
Las diferencias, afirma la entidad, se deben a partidas ajustables que debe ejecutar el actual gobierno y no a cálculos equivocados.
Sin los debidos ajustes estructurales, la deuda bruta del país superará la barrera del 45 por ciento del Producto Interno Bruto en 2028 y alcanzará los 48 puntos porcentuales en 2033, precisó el Consejo.
Si, a pesar de todo, Grau es sancionado, quedará impedido de ejercer cualquier función pública durante cinco años, lo cual implicaría perder su actual empleo de investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que es una entidad estatal.
El Maipo/PL
