El proyecto, que obtuvo amplio respaldo legislativo, contempla nuevas restricciones como la prohibición de asistir a espectáculos deportivos y limitaciones en trámites de pasaporte para quienes permanezcan en el registro de infractores.
Con 23 votos a favor y solo uno en contra, el Senado aprobó en general la iniciativa que busca mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. El proyecto quedó abierto a indicaciones hasta el 17 de noviembre.
El senador Alejandro Kusanovic, presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informó el texto ante el pleno, destacando sus principales ejes: nuevas alternativas de pago, un procedimiento administrativo modernizado para el cobro de multas, fortalecimiento del registro de infractores con restricciones adicionales, agravación de penas por lesiones y amenazas, y mayor eficacia en el control de beneficios tarifarios.
Evasión se concentra en buses de Santiago
El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, enfatizó que la iniciativa busca fortalecer la fiscalización y mejorar la seguridad en el transporte público. Reconoció que la evasión “se concentra en buses de Santiago” y que “casi siempre es un acto de incivilidad”.
El secretario de Estado detalló que el proyecto aumenta la capacidad de fiscalizar y faculta a los operadores para cobrar una tarifa recargada a quienes no pagaron al inicio del viaje. Además, moderniza el proceso sancionatorio, trasladándolo a un procedimiento administrativo en la Subsecretaría de Transportes.
Nuevas restricciones para infractores
Entre las sanciones más destacadas, el proyecto contempla la imposibilidad de ingresar a espectáculos de fútbol, la denegación de pasaportes y limitaciones en trámites migratorios para quienes permanezcan en el registro de infractores.
Las autoridades reconocieron que, aunque “la evasión ha disminuido 9,3 puntos desde 2023, aún hay un 36,5% de pasajeros que no pagan su pasaje”. Advirtieron que “el no pago es una conducta que termina afectando a todos”.
Enfoque educativo, no punitivo
Los impulsores del proyecto sostuvieron que “esta iniciativa no es punitiva, es educativa, restablecedora de la confianza” y subrayaron que “el transporte público es un bien social y el pago del pasaje es un acto mínimo de responsabilidad colectiva”.
Adicionalmente, se adelantó una “eventual mejora” para que quede expresamente consignado que las nuevas facultades de fiscalización también sean aplicables a las regiones que tienen implementado o están comenzando a implementar el sistema de pago electrónico del transporte público.
El plazo para presentar indicaciones al proyecto vence el 17 de noviembre, tras lo cual continuará su tramitación legislativa en el Senado.
El Maipo
