La Sala del Senado aprobó en particular y despachó a su tercer trámite constitucional el proyecto de ley que busca fortalecer la fiscalización y aumentar las sanciones por la evasión del pago de tarifas en el transporte público. La iniciativa, que contó con una valoración transversal, apunta a frenar un déficit financiero que oscila entre los 150 y 200 millones de dólares anuales, informó la sala de prensa de la Cámara Alta.
Medidas clave del proyecto
El texto legal introduce herramientas más estrictas para combatir tanto el no pago del pasaje como el uso indebido de beneficios tarifarios (como pases escolares o de adultos mayores). Entre los puntos principales destacan:
- Nuevo procedimiento de cobro: Se establece un sistema administrativo más ágil para el cobro de multas.
- Registro de Infractores: Se fortalece el registro actual, sumando nuevas restricciones para quienes permanezcan en él sin regularizar su situación.
- Alternativas de pago: Se contempla la posibilidad de validar el pago con una “tarifa recargada” al momento de ser detectado el incumplimiento.
- Seguridad reforzada: Se endurecen las penas por lesiones y amenazas contra conductores y fiscalizadores, reconociendo la vulnerabilidad de estos trabajadores.
El panorama actual: Cifras y desafíos
Durante el debate, el Ministro de Transportes informó que la evasión en Santiago alcanza actualmente un 35%. Aunque la cifra representa una baja sostenida en los últimos dos años, las autoridades advirtieron que el impacto sigue siendo crítico: uno de cada tres usuarios del sistema RED no paga su pasaje.
“Estas son las materias que no nos dividen políticamente. Es necesario enfrentar la cultura de la evasión para hacer cumplir la ley y el estado de derecho”, se enfatizó durante la sesión.
Foco en regiones y seguridad
A pesar del avance general, el debate también puso énfasis en la necesidad de no centralizar las soluciones. Los parlamentarios instaron a poner el foco en el transporte regional, zonas rurales y áreas aisladas, donde las realidades de movilidad difieren de la capital.
En materia de seguridad, si bien no prosperó la indicación específica para obligar a la instalación de cabinas de seguridad, se hizo un llamado urgente a implementar medidas de asistencia y protección para los operarios frente al aumento de agresiones en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto regresa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión final antes de convertirse en ley.
El Maipo
