La expansión de la violencia y el crimen organizado ha llevado a muchos municipios del país a asumir un rol más activo en materia de seguridad. Se multiplican los patrullajes mixtos, las cámaras de vigilancia y las oficinas de prevención del delito. Sin embargo, lo que debiese ser una estrategia de cuidado y prevención territorial corre el riesgo de transformarse en su opuesto: una extensión desregulada del aparato coercitivo del Estado que termina profundizando la violencia en lugar de prevenirla.
Entonces, es urgente preguntarse: ¿qué tipo de seguridad estamos construyendo? ¿Una que refuerza lo público, protege los barrios y promueve el bienestar comunitario? ¿O una que entrega armas a inspectores municipales y militariza el territorio bajo la ilusión de orden?
La realidad actual: avances y desafíos
Según cifras de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el promedio nacional de inversión municipal en seguridad es de $5.515 por habitante al año. Sin embargo, la desigualdad estructural, lejos de disminuir, se reproduce incluso en el ámbito de la seguridad local: las comunas con más recursos, como Las Condes o Vitacura, superan los $7.800, mientras que otras, sobre todo rurales, no alcanzan los $5.000.
Desde 2022, con la creación del Departamento OS-14 de Carabineros, se han coordinado más de 83.000 patrullajes conjuntos entre policías y municipios, y hoy cerca del 98% de las comunas del país cuenta con algún modelo de seguridad municipal. Esta articulación ha permitido optimizar recursos y mejorar la cobertura territorial, lo cual debe ser valorado.
Pero hay líneas que no se deben cruzar.
El problema no son las patrullas: son las armas
En paralelo, algunas voces han promovido propuestas peligrosas: entregar armas a los funcionarios municipales, relajar el control de armas para civiles o incluso dar facultades policiales a personal municipal sin formación adecuada. Desde el Frente Amplio, rechazamos firmemente ese enfoque.
Chile ya tiene un problema grave con la proliferación de armas. El Ministerio del Interior estima que hay más de un millón de armas ilegales circulando, mientras que las inscritas superan las 800.000. Los homicidios por arma de fuego aumentaron de 379 en 2018 a 851 en 2023, y el 75% de estos se concentran en comunas populares.
Diversos estudios internacionales confirman esta tendencia: más armas no significan más seguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, países con alta tenencia civil de armas, como Estados Unidos, tienen tasas de homicidio por arma de fuego 25 veces superiores a países con controles estrictos.
A lo anterior se suma el hecho de que, según la experiencia internacional, la concentración de facultades en el nivel municipal implica un riesgo más alto de corrupción por parte del crimen organizado y el narcotráfico. La combinación de armas y una suerte de policía municipal han generado habitualmente un alza de la violencia, al punto que en México un presidente de centroderecha como Peña Nieto tuvo que eliminarla.
Una seguridad democrática, no punitiva
Entonces, debemos preguntarnos cuál debe ser el rol de los municipios en la seguridad. Creemos que deben ser parte esencial de una política integral de derechos: prevención, educación, urbanismo social, recuperación de espacios públicos, protección a las víctimas y fortalecimiento comunitario. Los servicios municipales de seguridad no pueden convertirse en una réplica precaria y privatizada de las policías, y menos aún, en una fuente de mayor represión o conflictos con Carabineros.
Urge avanzar en una ley de seguridad municipal que clarifique las funciones, responsabilidades y límites del personal municipal, garantice su formación y evite cualquier tentación autoritaria o improvisada. Se trata de construir seguridad con rostro humano, no de reproducir la lógica del miedo.
Chile necesita más Estado, pero un Estado distinto: uno presente en los barrios, con justicia social, participación ciudadana y una mirada transformadora. La seguridad no se construye con más armas. Se construye con más comunidad.
Lorena Meneses Quiroz, Arquitecta, Delegada Nacional del Comité Central – Frente Amplio
El Maipo
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