(Bogotá) La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez considera que, a nueve años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, uno de los avances más importantes en Colombia tiene que ver hoy con la reforma agraria.
La congresista, que por más de 30 años perteneció a las filas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), llegó a la vida legislativa debido a que, como parte del proceso de paz, fueron granizados 10 curules para la colectividad política surgida de la desaparecida guerrilla.
A su juicio es de destacar cómo de los tres millones de hectáreas que según quedó plasmado en el documento deben entregarse a los campesinos, hay un promedio de 700 mil hectáreas que están ya en el Fondo Nacional Agrario para su respectiva distribución, en tanto más de un millón 700 mil están ya formalizadas en manos de los agricultores.
“Eso es un avance importante, porque es el primer gobierno que toma el acuerdo y toma su primer punto para hacer de él una acción social en los territorios, de darle la tierra a los campesinos y campesinas para que la pongan a producir”, remarcó a Prensa Latina.
Sin embargo, lamentó que haya pocos progresos en otros aspectos, y en ese caso mencionó la participación política ante la imposibilidad de alcanzar una transformación en ese ámbito.
“Aquí en el Congreso de la República, en dos ocasiones, se han propuesto reformas políticas y han sido hundidas”, comentó, al tiempo que resaltó que no se trata solo de entregar terrenos sino de dar mayor participación en las decisiones a quienes los trabajan.
Sobre el fin del conflicto, que constituye el tercer punto del acuerdo, consideró que aún es necesario trabajar más porque aún los ciclos de violencia se siguen reproduciendo en el país.
“No hemos logrado avanzar como quisiéramos en ese fin del conflicto, que es paz también, paz territorial, para que en los territorios realmente se sienta que sí hay una paz, y que los campesinos se puedan movilizar de un punto a otro punto sin temor por actores armados que persisten”, opinó.
En lo que se refiere a la sustitución de cultivos ilícitos, planteó que se aprecian algunos resultados en el reemplazo de las plantaciones, pero, según reveló, en ese sentido aún queda bastante por hacer.
“Hemos avanzado en la ley estatutaria para la jurisdicción agraria, pero aún nos falta completar con una ley orgánica que regule esa jurisdicción agraria, y también hay logros en lo que respecta al reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional”, abundó además la senadora.
Ramírez refirió que durante el gobierno precedente hubo un bloqueo a la implementación del acuerdo y también existieron trabas para quienes desde el Congreso de la República pedían cambiar las realidades de los territorios.
“Nosotros tenemos cuatro años perdidos desde que se firmó el acuerdo y son los cuatro años del expresidente Iván Duque (2018-2022)”, afirmó.
Por otra parte, señaló que mantener la senda de cumplimiento del Acuerdo dependerá del desenlace político del país, que celebrará comicios presidenciales el año venidero.
“Ahora iniciamos un proceso electoral y aspiramos que todas las fuerzas alternativas logremos crear un gran frente amplio y que el próximo gobierno continúe con el cambio y la construcción de la paz de nuestro país”, argumentó.
Si bien reconoció que los cambios tampoco serán instantáneos, pues se trata de una tarea larga, remarcó que en ese proceso se necesitan de todas las fuerzas progresistas de la nación unidas en torno a la paz.
Enfatizó que, en el éxito de esa unidad, “va también la implementación del Acuerdo”.
La firma del Acuerdo Final de Paz, que tuvo lugar en el Teatro Colón de esta capital y marcó el fin de casi cuatro años de negociaciones en Cuba, y más de 50 años de conflicto armado con las FARC-EP, cumplirá nueve años el próximo 24 de noviembre.
El Maipo/PL
