La reciente modificación a la ley de glaciares en Argentina encendió las alarmas en Chile, luego de que organizaciones ambientales advirtieran posibles efectos en las reservas hídricas y ecosistemas que ambos países comparten en la cordillera de los Andes.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra. Entre sus principales cambios, permite a las provincias redefinir las zonas periglaciales, lo que abre espacio a proyectos extractivos —como minería de litio, cobre y oro— en áreas que antes contaban con protección.
Desde el mundo ambiental en Chile, la medida fue calificada como un retroceso. El director de Greenpeace Chile, Matías Asun, advirtió que “corremos el riesgo de perder reguladores naturales del clima, reservas de agua sólida que se descongela en épocas más cálidas y lleva agua a sectores áridos, y de esta manera afectar no solo al ambiente sino también a las economías regionales que dependen del agua de glaciares para desarrollarse”, en declaraciones a Cooperativa Ciencia.
En la misma línea, la directora de la Fundación Glaciares Chilenos, Constanza Espinosa, sostuvo que la reforma debilita los estándares de protección: “Esto marca un precedente regional en materia de regulación ambiental que podría influir en el debate en Chile. Hoy no contamos con una ley de glaciares, se han retirado decretos asociados a áreas protegidas y existe una agenda orientada a agilizar la aprobación de proyectos industriales, más que a fortalecer la fiscalización ambiental”.
El debate se centra en la intervención de las zonas periglaciales, ecosistemas que rodean los glaciares y cumplen un rol clave en la regulación del agua. Expertos advierten que su alteración puede impactar directamente en las cuencas compartidas a ambos lados de la cordillera.
Desde el oficialismo argentino, en tanto, se defendió la reforma como una medida que busca entregar mayor “seguridad jurídica” e incentivar la inversión. Sin embargo, organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales han advertido que la flexibilización de criterios podría generar una competencia entre provincias para atraer proyectos, reduciendo exigencias ambientales.
Actualmente, se estima que existen más de 300 proyectos mineros en territorio argentino, varios de ellos en zonas de alta montaña. Bajo el nuevo marco legal, especialistas temen que aumente la presión sobre ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua en la región.
El conflicto, además, ya comenzó a escalar al ámbito judicial. Autoridades de la provincia de La Pampa presentaron un recurso por la eventual inconstitucionalidad de la norma, argumentando que podría afectar el caudal del río Colorado, una fuente clave para el suministro hídrico.
La discusión, así, trasciende las fronteras y reabre el debate sobre la protección de los glaciares como reservas estratégicas frente al avance de la crisis climática.
El Maipo
