El pluralismo, pilar de la democracia deliberativa según Jürgen Habermas (1996), requiere la inclusión de múltiples voces en el debate político. En Chile, la irrupción de independientes y movimientos ciudadanos refleja una demanda por mayor diversidad en la representación. Sin embargo, redistribuir los votos de estas fuerzas a partidos mayoritarios desincentivaría la participación política de actores emergentes, perpetuando la hegemonía de las élites tradicionales.
En los últimos días, se han conocido detalles de una propuesta de reforma al sistema político impulsada por un grupo de senadores. Entre sus elementos más controvertidos, destaca el establecimiento de un umbral del 5% para que los partidos políticos puedan existir y tener representación parlamentaria. Además, la iniciativa propone un mecanismo para redistribuir los votos de aquellos partidos que no alcancen este umbral: «los votos de los partidos que no consigan escaños se asignarán proporcionalmente a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos».
Esta propuesta plantea serias amenazas a los principios democráticos de representatividad, pluralismo y legitimidad, particularmente en el contexto chileno, donde las tensiones entre mayorías y minorías ya generan un clima de desconfianza hacia las instituciones. Su implementación podría desvirtuar la esencia de la democracia representativa y exacerbar las desigualdades políticas, reforzando la exclusión de sectores emergentes.
Representatividad bajo amenaza
Desde la teoría de la representación (Pitkin, 1967), este mecanismo crea una desconexión entre el voto ciudadano y su resultado en términos de representación. En Chile, donde coexisten partidos tradicionales como el Partido Socialista (PS) o Renovación Nacional (RN) junto a fuerzas emergentes como el Frente Amplio o movimientos regionalistas, redistribuir los votos de partidos minoritarios consolidaría el poder de las grandes coaliciones.
Por ejemplo, si un partido como el Partido de la Gente (PDG) o un movimiento independiente regional no logra superar el umbral del 5%, sus votos podrían asignarse a fuerzas tradicionales como Chile Vamos o Apruebo Dignidad, anulando la intención original de los votantes. Esto contraviene el principio básico de que cada voto debe tener igual peso, debilitando la pluralidad que ha caracterizado el sistema político chileno desde la transición democrática.
Un golpe al pluralismo
El pluralismo, pilar de la democracia deliberativa según Jürgen Habermas (1996), requiere la inclusión de múltiples voces en el debate político. En Chile, la irrupción de independientes y movimientos ciudadanos refleja una demanda por mayor diversidad en la representación. Sin embargo, redistribuir los votos de estas fuerzas a partidos mayoritarios desincentivaría la participación política de actores emergentes, perpetuando la hegemonía de las élites tradicionales.
Esta propuesta también ignora las lecciones del proceso constituyente, donde la representación de sectores diversos fue clave para abordar las demandas sociales. Reducir la presencia de estas voces significaría un retroceso en el esfuerzo por construir un sistema político que refleje la complejidad de la sociedad chilena.
La legitimidad y la desafección democrática
Desde la perspectiva de la legitimidad democrática, Robert Dahl (1971) advierte que los sistemas que distorsionan la proporcionalidad del voto pueden generar desconfianza ciudadana. Aunque el voto en Chile es obligatorio, la crisis de confianza en las instituciones, evidenciada durante el estallido social de 2019, muestra que la desafección política no depende solo de la participación formal, sino también de la percepción de justicia en el sistema.
Además, propuestas como esta, que alteran la voluntad de los votantes al redistribuir sus preferencias hacia partidos mayoritarios, profundizan la percepción de que el sistema electoral beneficia únicamente a las élites tradicionales. Esto puede resultar en una ciudadanía más apática, menos interesada en participar activamente en los procesos democráticos y más proclive a rechazar las instituciones políticas. En un contexto como el chileno, donde ya existen altos niveles de desconfianza en el sistema político, medidas de este tipo agravan las brechas entre los ciudadanos y sus representantes, debilitando aún más la legitimidad democrática.
Conclusión
Así las cosas, resulta evidente que la redistribución de votos, tal como se propone, no fortalece la democracia. Al contrario, la aleja de sus principios fundamentales al consolidar el poder de las élites tradicionales, reducir la pluralidad y socavar la confianza en el sistema. Chile necesita reformas que promuevan una representación inclusiva y legítima, garantizando que cada voto cuente y que la diversidad política sea una fortaleza, no un obstáculo.
Columna publicada por El Clarín el 4 de diciembre de 2024.
Por Rossana Carrasco Meza. Cientista Política PUC; Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile.
Nota: EL contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial de El Maipo
