Difícilmente se olvidarán las marchas multitudinarias que vivió el país a partir del 18/0 de 2019 y que el 25 de octubre alcanzó un momento apoteósico. Esto hoy día lo trata de ocultar la derecha, el empresariado y su prensa destacando, en cambio, la violencia delincuencial, como el rasgo dominante del estallido.
El estallido social comenzó con la exigencia de los estudiantes por una educación gratuita y de calidad, en momentos que la deuda del CAE engrosaba las ganancias de la banca y empobrecía a las familias de escasos recursos.
La rebeldía estudiantil se extendió rápidamente a segmentos sociales más amplios y diversos: mujeres, medioambientalistas, regionalistas, defensores de la salud y luchadores por una previsión decente.
La tesis del crecimiento con derrame, defendida por la transición, había resultado un engaño. La pobreza se reducía, pero las desigualdades permanecían. El 1% de los más ricos se había apropiado del 50% de la riqueza nacional, mientras los jubilados no llegaban a fin de mes con las pensiones miserables de las AFP; las ISAPRES y sus clínicas multiplicaban ganancias, mientras las filas de enfermos pobres crecían en el sistema de salud público; y, el sistema educacional endeudaba a los estudiantes de escasos recursos, entregándoles una enseñanza de pésima calidad.
Así las cosas, el estallido social se convirtió en una rebelión contra el sistema de injusticias y en repudio de un Estado que utilizaba todas las palancas de su poder para favorecer a la minoría expoliadora. Pero también en la protesta social operaba un fuerte componente de indignación moral por la corruptela político empresarial, que se había hecho evidente con los casos de Penta, SQM y Corpesca.
También, el enojo ciudadano denunciaba la degradación de una clase política, que no solo había preservado el modelo neoliberal, heredado del dictador Pinochet, sino que también mostraba a varios de sus representantes sentados en los directorios de las corporaciones, capturados por los dueños de la riqueza, otros recibiendo dinero para campañas políticas y, algunos, mediante el lobismo favoreciendo negocios empresariales. El repudio a todos los partidos políticos y al Parlamento había sido parte indisoluble del estallido.
A diferencia de la instalación mediática de la derecha, nadie organizó el 18/O. Fue un movimiento espontáneo. El pueblo estaba cansado de recibir agravios y golpes hasta que no soportó más y se rebeló. Fue la respuesta contra un sistema económico y régimen político protector de los ricos, que ha expoliado a la mayoría nacional.
En las movilizaciones predominó un comportamiento pacífico, aunque lamentablemente hubo violencia delincuencial y de grupos anarquistas.
La rabia y el resentimiento, junto a la escasa integración social explican, en gran medida, los actos de violencia, en medio de las movilizaciones ciudadanas. A ello se agregó una izquierda débil, incapaz de orientar las protestas y que tampoco pudo frenar los desmanes delincuenciales.
Pero, al mismo tiempo, el accionar represivo del Estado fue desenfrenado, con dolorosos resultados en muertos, heridos y cientos de personas que perdieron la vista por las bombas lacrimógenas y perdigones de los fusiles de Carabineros.
Con todo, el pueblo había comprendido que el modelo económico y el Estado subsidiario, consagrados en la Constitución de 1980, habían cerrado las puertas a una distribución equitativa, del poder y la riqueza. Y también se dio cuenta que los políticos, que hasta ahora habían gobernado el país, no tenían voluntad para cambiar el orden de cosas.
El estallido abrió la oportunidad para modificar el modelo de desigualdades e injusticias y, al mismo tiempo, planteó la posibilidad de reemplazar a la clase política que había sido complaciente con ese modelo. Se abrió camino para exigir una Nueva Constitución, que cambiara las instituciones fundantes del neoliberalismo.
No se logró. Porque no hubo una fuerza política capaz de ordenar el conjunto de las demandas parciales y de diversas organizaciones que se instalaron en la Convención Constituyente. La propuesta constitucional, que fijaba nuevas reglas del juego para nuestro país fue percibida como demasiado radical y en ellas predominó un exceso de temas identitarios en vez de una propuesta global transformadora. La ciudadanía la rechazó.
Con el rechazo de la nueva propuesta constitucional se perdió la oportunidad de modificar el modelo neoliberal.
A siete años del estallido social siguen presentes las instituciones fundantes del sistema económico-social de injusticias y desigualdades, y a ellas se agrega una lacerante crisis moral, que todos los días muestra la rapacidad y trampas de la clase empresarial y sus políticos contra la mayoría nacional. Por ello, el 18/O difícilmente se olvidará.
Roberto Pizarro Hofer, Economista, ex decano de la Facultad de Economía Política de la U. de Chile, ex Ministro de Desarrollo Social y Familia, colaborador permanente de elmaipo.cl
El Maipo/Le Monde Diplomatique
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