En marzo se inicia un nuevo gobierno y, con él, una nueva etapa de definiciones estratégicas para el país. En ese contexto, vale la pena formular una pregunta que suele quedar relegada en el debate público, eclipsada por urgencias coyunturales: ¿qué lugar ocupará la investigación científica —y en particular la investigación en ciencias sociales y humanidades— en el proyecto de desarrollo que impulse la próxima administración?
Los recientes resultados del concurso de Centros de Investigación de Interés Nacional de ANID vuelven esta pregunta ineludible. El balance es ambivalente. Por una parte, hay renovación, nuevos centros y señales de dinamismo en el sistema científico. Por otra, proyectos con trayectoria, resultados validados y equipos consolidados quedaron sin financiamiento. No se trata de un problema sectorial ni de una queja académica. Cuando se interrumpen líneas de investigación estratégicas, el país pierde capacidades que tardan años en construirse y que no se recuperan con facilidad.
Por eso el cambio de gobierno adquiere relevancia. Cada administración llega con prioridades, énfasis y narrativas propias. Es legítimo. Lo que no puede variar al ritmo del ciclo político es la base de conocimiento sobre la cual se toman decisiones públicas. La investigación científica —especialmente aquella de largo plazo— no rinde frutos inmediatos ni se ajusta a calendarios electorales. Por eso, su fortalecimiento no puede depender exclusivamente de la voluntad o sensibilidad del gobierno de turno: requiere una política de Estado.
Esta necesidad es aún más evidente cuando se observa el lugar marginal que siguen ocupando las ciencias sociales y las humanidades en muchos programas de financiamiento y en la arquitectura de los centros de investigación. En un país marcado por profundas desigualdades, tensiones territoriales, transformaciones demográficas, crisis de confianza institucional y cambios culturales acelerados, comprender la dimensión social de los problemas no es accesorio: es central. Sin ese conocimiento, las políticas públicas corren el riesgo de ser técnicamente sofisticadas pero socialmente ineficaces.
El nuevo gobierno enfrentará desafíos complejos: seguridad, crecimiento económico, transición energética, envejecimiento de la población, cohesión social. Ninguno de ellos es puramente técnico. Todos involucran comportamientos, instituciones, culturas organizacionales, percepciones ciudadanas y conflictos de intereses. Las ciencias sociales aportan evidencia para entender cómo interactúan estos factores; las humanidades ofrecen perspectiva histórica, reflexión ética y sentido crítico. Prescindir de estos enfoques no ahorra recursos: encarece los errores.
Por eso, la pregunta no es solo si el próximo gobierno “apoyará” la investigación, sino cómo la integrará en su manera de gobernar. ¿Será el conocimiento un insumo estructural para el diseño de políticas, o un recurso instrumental utilizado de forma selectiva? ¿Habrá continuidad en las líneas estratégicas, o se volverá a empezar de cero? ¿Se reconocerá el valor del conocimiento acumulado, incluso cuando incomoda o contradice intuiciones políticas?
Hablar de política de Estado en investigación implica asumir compromisos que trascienden a un gobierno. Implica estabilidad en el financiamiento, criterios de evaluación que reconozcan impactos diversos —no solo métricas de corto plazo— y una visión sistémica que evite la fragmentación. Implica también entender que cerrar o debilitar centros consolidados no es una señal de eficiencia, sino muchas veces de miopía estratégica.
Chile ha avanzado en institucionalidad científica, pero sigue atrapado en una tensión no resuelta entre competencia y continuidad. La competencia es necesaria; la discontinuidad crónica es dañina. Un sistema que obliga a recomenzar permanentemente debilita su capital humano, dispersa equipos y envía una señal preocupante a las nuevas generaciones de investigadores. La incertidumbre sostenida no fomenta la excelencia: la erosiona.
El gobierno que asume en marzo tendrá la oportunidad —y la responsabilidad— de definir si la investigación será tratada como gasto ajustable o como inversión estratégica. En un contexto internacional cada vez más incierto, los países que mejor navegan la complejidad son aquellos que deciden con evidencia, anticipan escenarios y sostienen capacidades propias de análisis. Eso no se improvisa.
La relevancia de la investigación, y en particular de las ciencias sociales y las humanidades, no radica en una defensa corporativa, sino en su aporte al interés general. Fortalecerlas es fortalecer la capacidad del Estado para comprender la sociedad que gobierna. Y esa, en definitiva, es una condición básica para cualquier proyecto serio de desarrollo. La pregunta está planteada. La respuesta comenzará a escribirse en marzo.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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