Venezuela recientemente agregó un nuevo capítulo en la compleja relación diplomática con Washington. La cancillería del país emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente “la renovación de la denominada ’emergencia nacional’ con respecto a nuestro país, prorrogada el 18 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos”.
Se trata de la continuación de la Orden ejecutiva 13692, firmada originalmente el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama y que, por 11 años consecutivos, ha mantenido a Venezuela en la lista de amenazas para la seguridad nacional estadounidenses.
El documento sostiene que “desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional”.
La cancillería subraya que, una década después, la realidad ha demostrado de manera consistente que el país sudamericano “no representa amenaza alguna para el pueblo, ni para el Gobierno de EEUU, ni para ninguna nación del mundo”.
Un decreto que es “piedra angular”
No obstante, esta renovación se produce en un escenario donde Caracas y Washington han intensificado sus contactos diplomáticos y comerciales.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió el Ejecutivo tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la operación militar estadounidense del 3 de enero en la capital— ha sostenido reuniones de alto nivel con enviados de la Casa Blanca. Entre ellos, el secretario de Energía, Chris Wright, con quien se anunció un acuerdo a largo plazo.
Para descifrar esta aparente contradicción, Sputnik consultó a dos analistas políticos venezolanos: Gabriel García y Fernando Rivero. Coincidieron en que la renovación del decreto no es un hecho aislado, sino la continuidad de una estrategia.
“La renovación del decreto de Obama por parte de la Casa Blanca, el decreto número 13692, dictado el 8 de marzo de 2015, constituye la piedra angular para la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y también, por supuesto, para acciones propiamente militares”, explicó Rivero.
El analista profundizó en el contexto geopolítico: EEUU “ha colocado, a tono con la estrategia de seguridad nacional 2025 y la estrategia de defensa nacional 2026, sus intereses geoestratégicos en primer plano, así como también los intereses relacionados con la matriz energética que pretende dominar a escala global” la nación norteamericana.
Rivero advirtió que mantener vigente este decreto no es un mero trámite burocrático.
“Renovar el decreto Obama significa darle continuidad a una política exterior sumamente agresiva y que, en el caso de Venezuela, se ha trazado tres pasos bien claros que conducen (…) a un cambio ordenado del régimen político en [el país sudamericano]”, aseguró, vinculando esta decisión al ataque del 3 de enero y al bloqueo naval que, según denuncia, aún perdura.
Por su parte, Gabriel García ofrece una lectura complementaria centrada en la naturaleza del instrumento legal. A la pregunta de por qué EEUU renueva el decreto a pesar de los vínculos diplomáticos actuales, García responde:
“El decreto no es más que una carta bajo la manga que el Gobierno de EEUU tiene a su haber para, en caso de emergencia, poder justificar cualquier acción extradiplomática, por así decirlo, en contra de Venezuela”.
Economía bajo asedio
La segunda arista del análisis se centra en el impacto económico. Mientras Washington mantiene vivas las sanciones originales y otras impuestas posteriormente, la Administración actual ha mostrado disposición a negociar en materia energética.
¿Puede Venezuela impulsar el crecimiento de su economía en estas condiciones? La respuesta de García fue tajante:
“Venezuela puede desarrollar una economía fuerte y exitosa a pesar del decreto, porque ya lo veníamos haciendo. A partir de 2020, Caracas registra crecimientos económicos a pesar de tener sanciones, a pesar del decreto Obama”.
El analista recordó que este decreto es el que dio origen a todo el ciclo de sanciones posteriores, pero destacó la capacidad de adaptación del país.
Rivero, sin embargo, puso la mirada en las nuevas medidas que, a su juicio, profundizan el agravio.
Indudablemente, el decreto Obama, así como la subsecuente aplicación de medidas coercitivas contra la economía nacional que se embocó en diciembre de 2025 en el bloqueo naval impuesto por EEUU (…) afecta el crecimiento de la economía nacional”.
Además, el analista habló sobre la orden ejecutiva 14373 del Departamento del Tesoro, del 6 de enero, que a su juicio constituye “un nuevo atentado contra la soberanía energética de Venezuela”.
Según Rivero, esa orden impone que “la comercialización de todo el crudo venezolano quede en manos del Gobierno de EEUU”.
Un análisis en profundidad
La tercera pregunta planteada a los analistas busca descifrar cómo percibe la ciudadanía esta política de “zanahoria y garrote” por parte de Washington, donde coexisten la mesa de diálogo energético con el mantenimiento de un decreto que califica al país como amenaza.
“La sociedad venezolana actualmente, sea chavista u opositora (…) entiende que EEUU siempre han querido obtener de manera fácil y rápida, el acceso” a los recursos petroleros nacionales, afirmó García.
Para el analista, existe una claridad meridiana en la población sobre los intereses en juego, destacando el carácter “pragmático” dentro de las relaciones entre Caracas y Washington que, a su juicio, es el enfoque que impera dentro de las relaciones internacionales actualmente.
Rivero, por su parte, enmarcó la respuesta en el derecho internacional y la necesidad de una diplomacia de los pueblos.
“Lo primero que se debe decir es que la resolución 1803 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1962 establece el derecho inalienable de los Estados a manejar de manera soberana sus recursos naturales”. El analista sostuvo que, ante la agresión, se debe “regular todo el esfuerzo diplomático”.
Para Rivero, lo que está en juego no es solo la relación bilateral, sino el futuro del derecho internacional, que hoy está siendo “desestructurado” por potencias que pretenden suplantar organismos como la ONU por instancias que “responden directamente a los intereses de EEUU”.
“Esto tiene que ser enfrentado de la manera pacífica, de la forma legal, pero siempre con la mayor contundencia para evitar que los países en este momento caigan bajo la herida de una nueva política neocolonial”, concluyó.
El Maipo/Sputnik
