(Ciudad de Panamá) Una huelga indefinida y protestas populares contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), muchas de ellas reprimidas por la Policía Nacional, signaron la semana que concluye hoy en Panamá.
La víspera, una multitudinaria marcha partió desde el parque Urracá, en esta capital, hacia la Presidencia de la República, convocada por la alianza Pueblo Unido por la Vida, para entregar un pliego de reclamos en defensa también de la democracia y los derechos humanos.
La postura de los colectivos tiene lugar tras el allanamiento arbitrario a locales de organizaciones sindicales, como las de los obreros de la construcción; y la detención de líderes de ese gremio como Jaime Caballero y Genaro López.
El secretario general de esa agrupación, Saúl Méndez, se vio obligado a refugiarse, solicitar asilo y recibir protección temporal en la embajada de Bolivia, debido a amenazas y peligro para su vida, según los sindicalistas.
Como parte del panorama, el Gobierno adelantó que evalúa decretar estado de emergencia en la occidental provincia de Bocas del Toro, donde los trabajadores del sector bananero, su principal sustento económico, mantienen un paro de hace cuatro semanas, pese a que la empresa Chiquita Panamá decidió despedir a más de cuatro mil empleados.
De su parte, en un mensaje a la nación, líderes religiosos instaron a procesos auténticos de diálogo.
«Hacemos un llamado a las autoridades, movimientos y a todos los actores políticos y sociales para que revisen el lenguaje con el que se dirigen al país y entre sí. El respeto, la mesura, y la responsabilidad en la palabra y las acciones son condiciones necesarias para construir puentes», precisa el mensaje.
Además exhortaron que se respete el estado de derecho, se garantice el debido proceso y se evite el uso excesivo de la fuerza que solo agrava las heridas del pueblo y enrarece el clima nacional.
“Necesitamos procesos auténticos de diálogo y encuentro. No es momento de imponer visiones unilaterales ni de responder a los conflictos con violencia. Es tiempo de escuchar el clamor del pueblo, de abrir espacios donde se dé voz a quienes no la tienen”, remarca el comunicado firmado por Monseñor José Domingo Ulloa, obispo Julio Murray y por Rabino Gustavo Kraselnik.
En otra parte del documento se indica que la seguridad y el orden no pueden sostenerse a costa de la represión, sino sobre la base de la justicia, la inclusión y la verdad.
Desde el pasado 23 de abril , el istmo es escenario de diversas manifestaciones también en repudio a un acuerdo suscrito en abril último por el Gobierno con Estados Unidos que atenta contra la soberanía, estiman los activistas sociales.
Las protestas, las más grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, han obligad a diputados a solicitarle al jefe de Estado una apertura al diálogo, vía que niega de manera constante.
El Maipo/PL
