(Quito) Los índices de violencia contra menores de edad se dispararon en Ecuador durante el primer semestre de este 2025, cuando se registraron 294 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, según datos oficiales disponibles hoy.
La cifra -del Ministerio del Interior y compartida en medios locales- representa un incremento del 50 por ciento en comparación con los 196 homicidios de menores reportados entre enero y junio de 2024.
La mayoría de las víctimas fallecieron como consecuencia colateral de ataques armados entre grupos del crimen organizado, sobre todo en provincias de la costa ecuatoriana.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, los adolescentes de entre 15 y 17 años concentran el mayor número de muertes, con 237 casos.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 24 de agosto, cuando Greiberlis Flores, una niña venezolana de 11 años, murió tras recibir un disparo en el corazón mientras huía junto a su familia de una balacera en Guayaquil, apuntó el canal Teleamazonas.
El repunte ocurre en un contexto de alza general de la inseguridad, a pesar de medidas como estados de excepción y militarización, que expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos consideran inefectivas.
El pasado 13 de agosto, el Gobierno de Ecuador instaló una Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores.
Solo este año más de mil 200 adolescentes fueron detenidos por presunta vinculación con bandas criminales y en 2024 la cifra fue superior a tres mil 500, según datos oficiales divulgados a inicios de mes en la prensa local.
La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el 24 de junio pasado la cuestionada Ley Orgánica de Integridad Pública, que elevó de ocho a 15 años la pena máxima para adolescentes implicados en delitos ligados al crimen organizado.
Esa medida generó preocupación por parte de organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que alertó sobre la incorporación de reformas regresivas en el sistema de justicia penal juvenil.
Esa normativa está bajo análisis de la Corte Constitucional tras recibir más de 20 pedidos de impugnación.
El Maipo
