Durante tres décadas, la derecha chilena tuvo a mano una frase para cerrar cualquier conversación sobre derechos humanos: quienes los defendían eran “defensores de delincuentes”. La usó contra abogados de víctimas, contra el INDH y contra quien recordara que un detenido conserva derechos, sin necesidad de mayor argumento.
La frase viene a la memoria ahora que el Presidente Kast estudia “caso a caso” indultar a cerca de un centenar de condenados por crímenes de lesa humanidad, y que el Partido Nacional Libertario, con respaldo republicano, empuja desde julio un indulto general. Quienes se beneficiarían tienen sentencia firme, obtenida tras procesos que muchas veces tomaron décadas, por secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas que estaban bajo custodia del Estado. Si alguien merece el nombre de delincuente, son ellos.
La ciudadanía parece entenderlo así. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada este domingo, un 64% rechaza indultar a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos aunque tengan más de 80 años y estén enfermos, y apenas un 29% lo aprueba. Un 55% se opone a indultar a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido, cuatro puntos más que en julio. Y un 60% apoya eliminar la facultad presidencial de indultar, contra un 33% que prefiere mantenerla.
Cadem preguntó también por Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado por el asesinato del cabo Luis Moyano en 2007, que murió preso el 11 de octubre después de pedir un indulto humanitario por un cáncer terminal. Un 59% cree que no correspondía concedérselo, la misma proporción que rechaza en general que condenados con enfermedades terminales terminen su pena en casa. Podemos discutir si tanta severidad es justa, pero el criterio de la gente es uno solo: quien mató cumple, lleve uniforme o no.
El gobierno, en cambio, maneja dos. Con Aliste no hubo análisis caso a caso ni inquietud por su agonía. Con los internos de Punta Peuco, la edad y la enfermedad pasan a ser razones humanitarias de primer orden. Es un humanitarismo con lista de invitados.
Los crímenes de lesa humanidad, además, tienen una naturaleza distinta. Los cometen agentes del Estado contra la población, en forma sistemática, usando el propio aparato público para asegurarse impunidad. Por eso el derecho internacional los declara imprescriptibles y considera contrarias a las obligaciones del Estado las medidas que liberan a sus autores de cumplir la pena, compromisos que Chile suscribió. En 2018 la Corte Interamericana revisó el indulto a Alberto Fujimori precisamente porque un perdón presentado como humanitario puede ser la forma más elegante de impunidad. Cuando el Estado indulta a un torturador, vuelve a proteger a quienes actuaron en su nombre.
Con los uniformados condenados por el estallido ocurre algo parecido. Durante el gobierno de Piñera, el oficialismo rechazó por principio indultar a condenados por hechos de esas semanas, con el argumento de que el Presidente no debía corregir lo resuelto por los tribunales. Ese principio dejó de regir cuando los condenados pasaron a ser carabineros y militares. Este fin de semana, tras la conmemoración del 18 de octubre, volvimos a escuchar que los incidentes eran “vandalismo y delincuencia”. Al parecer la palabra pesa sobre quien quema una barricada y se aligera para quien dejó ciego a un manifestante.
La derecha chilena siempre entendió el “que las hace las paga” con una cláusula no escrita sobre quiénes deben pagar. Lo que cambia ahora es que esa cláusula podría quedar convertida en política de gobierno, con firma presidencial, contra la opinión de la mayoría del país.
La misma encuesta da pistas para salir del problema. Consultados sobre quién debería decidir si un condenado con una enfermedad terminal cumple el resto de su pena en casa, un 40% responde que los tribunales, mediante un procedimiento regulado por ley, un 39% que el indulto debería desaparecer y solo un 17% quiere dejarlo en manos del Presidente. Esa mayoría alcanza para una reforma razonable: terminar con el indulto particular como facultad discrecional, excluir de manera expresa los crímenes de lesa humanidad y los delitos cometidos por agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones, y llevar las situaciones humanitarias a los tribunales con criterios iguales para todos.
Durante años se nos dijo que quienes pedían verdad y justicia defendían a delincuentes. Hoy los defensores de delincuentes están en La Moneda, revisando expedientes de condenados por tortura, y en las bancadas que firmaron el indulto general.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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