La iniciativa pasaría de $189.696 millones asignados en 2026 a $166.951 millones en el proyecto de Presupuesto 2027. La ministra de Salud, May Chomali, afirmó que el ajuste no afectará a quienes reciben tratamientos y planteó modificar la ley para resolver sus problemas de financiamiento.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción de los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que pasarían de $189.696 millones asignados durante 2026 a $166.951 millones para el próximo año. La disminución equivale a cerca de un 14%.
La reducción generó cuestionamientos debido a que la Ley Ricarte Soto establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de 27 enfermedades de alto costo, entre ellas patologías oncológicas, metabólicas y poco frecuentes. La normativa contempla cobertura del 100% para los tratamientos y prestaciones expresamente garantizados.
Sin embargo, la ministra de Salud, May Chomali, aseguró que la disminución presupuestaria no significará que los pacientes dejen de recibir sus medicamentos.
En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado afirmó que el Ministerio buscará otras fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones de la ley y sostuvo que tanto quienes ya están recibiendo tratamiento como quienes sean diagnosticados con alguna de las patologías cubiertas mantendrán el acceso a los medicamentos correspondientes.
“No se les va a dejar de entregar el medicamento que necesiten”, aseguró Chomali, al abordar las dudas surgidas a partir de la propuesta presupuestaria.
Gobierno reconoce problemas de financiamiento
La ministra también planteó que el problema de la Ley Ricarte Soto no se limita al presupuesto contemplado para 2027.
Según explicó, la iniciativa gasta más recursos de los que anualmente se le asignan. Chomali señaló que esa diferencia alcanza aproximadamente un 50%, situación que se ha mantenido durante varios años.
Por ello, la autoridad sostuvo que el Ejecutivo busca impulsar modificaciones a la ley, argumentando que el mecanismo actual no sería sostenible en el tiempo.
“Al final del día, que tengamos un poco más de presupuesto, un poco menos de presupuesto, para los efectos prácticos de los pacientes no tiene ningún impacto”, señaló la ministra, calificando la diferencia entre el monto asignado y el gasto efectivo como un aspecto presupuestario que debe complementarse durante el año.
El Gobierno también ha explicado que las 27 enfermedades actualmente cubiertas continuarán dentro del sistema y que los tratamientos no se suspenderán por la reducción del monto inicial contemplado en el Presupuesto 2027. Según esta explicación, si los recursos resultan insuficientes, estos serían complementados durante el año.
El desafío de incorporar nuevas enfermedades
Uno de los problemas que enfrenta actualmente la legislación es la incorporación de nuevas patologías al sistema.
De acuerdo con antecedentes publicados antes de la discusión presupuestaria, desde 2021 no se han incorporado nuevas enfermedades a la Ley Ricarte Soto, aunque sí se han ampliado tratamientos correspondientes a patologías que ya forman parte de la cobertura.
La presión sobre el sistema también se relaciona con el aumento de pacientes que requieren tratamientos de alto costo durante períodos prolongados. Este escenario ha abierto el debate sobre la necesidad de modificar el mecanismo de financiamiento y ampliar las garantías.
La propia ministra Chomali sostuvo que se requiere una modificación legal para darle sostenibilidad al sistema, al tiempo que planteó que no sería posible incorporar nuevas patologías mientras no se resuelva este problema.
De esta manera, la discusión del Presupuesto 2027 no solo estará centrada en la reducción de los recursos inicialmente asignados a la Ley Ricarte Soto, sino también en cómo el Estado financiará durante los próximos años una cobertura que actualmente contempla 27 enfermedades de alto costo.
El Maipo
