La normativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast comenzará a aplicarse gradualmente desde noviembre e incluye beneficios tributarios para empresas, exención temporal del IVA para viviendas nuevas y mecanismos para regularizar capitales y deudas. Su publicación también estuvo marcada por observaciones de Contraloría sobre disposiciones vinculadas a normas que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales.
La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una de las principales apuestas económicas del Gobierno de José Antonio Kast, fue publicada este sábado 17 de octubre en el Diario Oficial. La Ley N.º 21.850 reúne medidas de reconstrucción, incentivos a la inversión y modificaciones tributarias que comenzarán a implementarse en distintas etapas.
Aunque el Ejecutivo presenta la iniciativa como una herramienta para reactivar la economía y financiar la recuperación de zonas afectadas por incendios, su alcance va más allá de la reconstrucción: contempla una rebaja gradual de impuestos a las empresas, beneficios para el sector inmobiliario y mecanismos especiales para regularizar obligaciones tributarias.
La entrada en vigencia tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. La Contraloría General de la República dio curso al decreto promulgatorio, pero dejó constancia de inconsistencias en disposiciones relacionadas con mecanismos que fueron eliminados durante el control constitucional de la ley.
Rebajas tributarias y beneficios para empresas
Entre las primeras medidas, que comenzarán a regir el 1 de noviembre, figura la reducción de la tasa de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para las pequeñas y medianas empresas, desde el 0,25% al 0,23%.
La normativa también modifica los beneficios tributarios asociados a la capacitación laboral financiada mediante el Sence. El porcentaje máximo de financiamiento dependerá de las remuneraciones de los trabajadores: será de hasta el 80% para quienes ganen hasta 25 UTM, del 50% para el tramo entre 25 y 50 UTM y del 15% para quienes superen ese nivel.
Además, se incorpora un crédito tributario para empresas exportadoras de servicios basados en el conocimiento, equivalente al 15% de determinadas remuneraciones en la Región Metropolitana y al 20% para trabajadores de otras regiones o de comunas rurales de la capital.
Otro de los cambios relevantes es la reducción gradual del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen general, cuya tasa pasará del 27% al 23% hacia 2029. El Gobierno sostiene que esta medida busca estimular la inversión y la creación de empleo; sus efectos concretos dependerán, entre otros factores, de las decisiones que adopten las empresas respecto de sus recursos.
Exención del IVA a viviendas nuevas y regularización de capitales
Desde el 1 de diciembre, la primera venta de viviendas nuevas terminadas quedará exenta del IVA durante un año, sin restricciones de precio ni superficie, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley.
La medida apunta a dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar la venta de viviendas disponibles. Sin embargo, la exención tributaria no garantiza por sí sola que los precios finales disminuyan en la misma proporción: ese resultado dependerá de cómo se traspase el beneficio a los compradores.
La ley también contempla una rebaja del 50% en el impuesto a las donaciones, bajo las condiciones y plazos establecidos, además de un mecanismo de repatriación de capitales que comenzará en 2027 y permitirá acogerse a una tasa especial de entre el 7% y el 10%.
En materia de deudas tributarias, la Tesorería General de la República podrá ofrecer convenios de pago durante un período de 180 días, con condonaciones de hasta el 100% de los intereses y el 80% de las multas asociadas a obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2025.
Estas disposiciones abren un debate sobre la distribución de los beneficios de la reforma, los recursos que dejará de percibir el Estado por determinadas rebajas y las condiciones bajo las cuales se conceden facilidades a contribuyentes y empresas.
Contraloría advierte inconsistencias tras el control del Tribunal Constitucional
La publicación de la ley estuvo acompañada por observaciones de la Contraloría General de la República, que identificó referencias a mecanismos jurídicos relacionados con disposiciones que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales durante la tramitación.
Entre los puntos observados figuran artículos y disposiciones transitorias que mantienen referencias a procedimientos de indemnización ante un tribunal arbitral que dejó de formar parte del mecanismo legal tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
La contralora Dorothy Pérez dio curso al decreto promulgatorio, pero sugirió a los órganos colegisladores evaluar una regulación más detallada para resolver estas inconsistencias. La advertencia no impidió la publicación de la ley, dado que el decreto coincidía con el texto aprobado por el Congreso y con lo resuelto por el tribunal.
Durante el control constitucional, además, se eliminaron disposiciones que habían generado controversia, entre ellas la posibilidad de exigir indemnizaciones por proyectos de inversión afectados por la anulación de resoluciones ambientales y ciertas condiciones que se pretendía imponer a los municipios para acceder a compensaciones fiscales.
Por ello, la ley publicada no contiene todos los mecanismos que el Ejecutivo había contemplado originalmente en su propuesta.
Una reforma económica con efectos que deberán evaluarse
La implementación de la Ley de Reconstrucción comenzará de forma escalonada, por lo que sus distintos efectos se conocerán a medida que entren en vigor las disposiciones.
El Gobierno defiende que la reducción de impuestos y los incentivos a la inversión permitirán impulsar la actividad económica y el empleo. No obstante, el alcance de esos objetivos deberá contrastarse con los resultados efectivos, especialmente en materia de inversión, acceso a la vivienda, empleo y recaudación fiscal.
La discusión también se centrará en quiénes reciben los beneficios de la reforma y cómo se distribuyen sus costos, considerando que la normativa combina medidas de reconstrucción con cambios estructurales al sistema tributario y regulatorio.
El Maipo
