El mismo día en que Palantir publicaba en X su manifiesto de 22 puntos —el 18 de abril de 2026— quedaba expuesto con una claridad brutal el núcleo de la disputa política de nuestra época: ¿quién decide el código ético con el que opera la inteligencia artificial? Alex Karp y sus socios de Silicon Valley ya tienen su respuesta. La encíclica Magnifica Humanitas, presentada hoy por León XIV, tiene la suya. Y no podría ser más distinta.
El párrafo 107 de la encíclica golpea donde duele: “No podemos limitarnos a invocar la moralización de la máquina, la denominada ‘alineación’ de la IA con los valores humanos, sin tener la valentía de poner una condición ulterior: la posibilidad de discutir el código ético que debe ser usado, sometiéndolo a criterios de justicia social compartida.” León XIV no está disputando si la IA debe tener ética. Está disputando quién tiene el poder de definirla. Y esa distinción lo cambia todo.
El manifiesto Palantir —síntesis pública del libro The Technological Republic, de Karp y Nicholas Zamiska— opera exactamente en el registro que la encíclica denuncia. Habla el idioma de la democracia en su superficie mientras reescribe sus fundamentos en profundidad. Señala a la burocracia y a los mecanismos de deliberación colectiva como “frenos al progreso”, propone una “república tecnológica” donde la meritocracia del código reemplaza la legitimidad del voto, y postula que el debate ético sobre las armas de inteligencia artificial es, en palabras del propio Karp, “irrelevante frente a la carrera estratégica”. Es la lógica del fait accompli tecnocrático: primero se despliega la infraestructura, después —si acaso— se delibera.
León XIV llama a eso por su nombre: una infraestructura invisible que no es neutra, “porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza.” Los centros de datos, los modelos de lenguaje, los sistemas de vigilancia que Palantir provee al ejército israelí y al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para rastrear y deportar migrantes: todo eso es infraestructura. Y toda infraestructura encarna una moral. Lo decisivo no es si esa moral se declara o se oculta. Lo decisivo, exactamente como advierte el párrafo 107, es que sea decidida por unos pocos al margen de cualquier procedimiento de validación compartida.
Aquí es donde la encíclica converge, sin citarlo, con la tradición que Karp traiciona cuando invoca a Habermas para legitimar su proyecto. La ética del discurso, tal como la desarrollaron Habermas y Karl-Otto Apel, descansa sobre una exigencia que no admite excepción técnica: toda norma que pretenda validez moral debe poder ser sometida al acuerdo de todos los afectados en condiciones de simetría argumentativa. Esa es la comunidad ideal de comunicación —el horizonte regulativo de toda deliberación auténtica— que postula la igualdad no como ideal abstracto, sino como condición de posibilidad del discurso mismo. Karp conoce esta arquitectura filosófica. Por eso la neutraliza antes de usarla: cita a Habermas en su manifiesto para hablar de crisis de legitimidad, pero sustrae precisamente aquello que hace a Habermas Habermas —la insistencia en que la legitimidad solo emerge de procedimientos discursivos en los que ninguna voz está excluida ni subordinada de antemano.
La infraestructura invisible de los sistemas de IA es, en este sentido, la negación técnica de la comunidad ideal de comunicación. Sus parámetros éticos no se construyen en un espacio de intercambio intersubjetivo igualitario; se codifican en decisiones privadas, en contratos clasificados, en políticas corporativas que ningún afectado puede impugnar porque ni siquiera conoce su existencia. Someter ese código a “criterios de justicia social compartida”, como exige el párrafo 107, es exactamente reclamar para la ética de la IA el principio que la ética del discurso establece como fundamento: que ninguna solución normativa puede considerarse válida si excluye a alguno de los participantes potenciales del diálogo. Una IA más moral decidida por los mismos actores que hoy concentran su desarrollo no resuelve el problema de fondo: no hay justicia en el resultado cuando no hay igualdad en el proceso.
La comparación que establece la encíclica con la Rerum Novarum no es retórica. León XIII escribió en 1891 cuando el capital industrial había creado una nueva estructura de poder que los sistemas políticos existentes no podían regular. León XIV escribe cuando el capital tecnológico ha hecho lo mismo, con una diferencia crucial: este capital no solo explota el trabajo, sino que construye el entorno epistémico en que ese trabajo —y esa vida— ocurre. La IA no es solo una herramienta de producción; es, en el sentido más profundo, una tecnología de gobierno. Gobernar los algoritmos es gobernar la percepción de lo posible.
Lo que la encíclica propone —y el manifiesto Palantir impugna— es exactamente eso: ralentizar donde todo acelera. Introducir la deliberación donde la velocidad se ha convertido en argumento. Abrir a escrutinio público los códigos éticos que hoy se definen en consejos de administración, en acuerdos con agencias de inteligencia, en contratos militares que nadie vota. “Se necesita una política más presente”, dice León XIV en ese mismo párrafo, “capaz de proteger los espacios en los que las comunidades pueden seguir participando e interrogándose.” Esos espacios son, en el vocabulario de la ética del discurso, las condiciones materiales sin las cuales la comunidad ideal de comunicación permanece como pura abstracción: sin acceso igualitario al debate, sin transparencia sobre los sistemas que afectan la vida común, sin mecanismos que permitan a los afectados impugnar las normas que los gobiernan, no hay discurso —hay dictado.
Esos espacios son exactamente lo que los tecnooligarcas quieren clausurar. No necesariamente con violencia —aunque Palantir no renuncia a ella— sino con velocidad. Con la creación de hechos consumados que vuelven el debate posterior una arqueología de decisiones ya irreversibles. El manifiesto de los 22 puntos no es un programa político en el sentido clásico: es la proclamación de que la política, tal como la conocemos, ya llegó tarde.
La encíclica Magnifica Humanitas es, entre otras cosas, una impugnación de esa proclamación. Afirmar hoy que la deliberación todavía es posible, que la dignidad humana no se negocia en los mercados de futuros de la IA, que la justicia social es un criterio legítimo para diseñar sistemas técnicos: todo eso es, en el contexto actual, un acto de resistencia. León XIV lo sabe. Por eso eligió el aniversario de la Rerum Novarum para firmar este documento. La Iglesia llegó tarde al debate sobre el trabajo industrial. Esta vez, quiere llegar a tiempo.
La pregunta que queda abierta —y que ninguna encíclica puede resolver sola— es si las fuerzas democráticas, los movimientos sociales, los sindicatos, las instituciones académicas y los gobiernos que todavía responden a ciudadanos tendrán la voluntad y la velocidad suficiente para construir esa política más presente que el Papa reclama. O si, cuando por fin lleguen al debate, la infraestructura invisible ya estará tan consolidada que solo quede, como en tantas otras revoluciones industriales, administrar el daño.
Para El Maipo Álvaro Ramis Olivo, colaborador de El Maipo. Presidente del Centro de Estudios Territorio y Comunidad.
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