En menos de una semana de gobierno, José Antonio Kast ha retirado 43 decretos ambientales, enterrado la negociación colectiva ramal, ajustado la gratuidad universitaria y acelerado permisos de inversión. Todo envuelto en el lenguaje del empleo y el crecimiento. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt llevan años advirtiéndonos sobre esta gramática.
El martes 17 de marzo, cuando le preguntaron al Presidente José Antonio Kast si su gobierno estaba usando “la retroexcavadora” —metáfora de la oposición para describir el desmantelamiento acelerado de políticas del gobierno anterior—, respondió sin titubear: “el día de ayer vimos el efecto positivo que puede tener una máquina excavadora para construir futuro” (DF.cl). La imagen es más reveladora de lo que parece. No fue una respuesta improvisada: fue una declaración de método.
Ese mismo día, el gobierno retiró formalmente el proyecto de negociación colectiva multinivel, una iniciativa que buscaba que sindicatos y gremios de un mismo sector pudieran acordar estándares mínimos en materias como salarios, salud, seguridad laboral y productividad. El argumento presidencial fue contundente en su simplicidad: hay más de 850.000 personas sin trabajo formal, Chile dejó de crecer, y la negociación ramal “no es urgente hoy día”. Paralelamente, el gobierno retiró 43 decretos ambientales de la administración Boric desde la Contraloría. Y en la semana anterior, había presentado un plan de reconstrucción económica de cinco ejes que incluye, entre otras medidas, acortar los plazos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y establecer que si un proyecto con Resolución de Calificación Ambiental es revertido judicialmente, será el fisco quien deba reembolsar al empresario afectado.
El retrato de conjunto es nítido: en nombre de los trabajadores sin empleo formal, se debilita su herramienta colectiva de negociación. En nombre del medio ambiente, se retiran normas que lo protegían. En nombre de la certeza jurídica, se traslada el riesgo regulatorio desde las empresas al Estado, es decir, a todos nosotros.
Levitsky y Ziblatt, en su libro “Cómo mueren las Democracias” (2018), identificaron un patrón que se repite en la erosión de los sistemas democráticos contemporáneos: los líderes que debilitan las instituciones rara vez lo hacen de un solo golpe. Lo hacen por etapas, con argumentos “razonables”, apelando a emergencias reales o percibidas. La retórica de la urgencia —desde “Chile está en crisis”, “no podemos esperar”, “lo que más piden es empleo y seguridad” hasta el manoseado “Chile se cae a pedazos”— cumple una función precisa: justifica la velocidad y deslegitima la deliberación. Quien exige debate se convierte, en este esquema, en un obstáculo para el bienestar de la gente.
Lo que está ocurriendo con el mundo del trabajo en Chile en estos días iniciales merece ser leído con esa lente. La negociación colectiva ramal no era una reforma menor: era el reconocimiento de que los trabajadores de un sector tienen intereses comunes que trascienden a una empresa particular, y que pueden organizarse para defenderlos. La iniciativa constituía una de las principales reformas laborales impulsadas por el gobierno anterior y era considerada una demanda histórica del movimiento sindical chileno. Retirarla a seis días de asumir, antes de que el Congreso pudiera votar en sala, no es una señal de eficiencia: es una señal de a quién se le debe obediencia política.
El mismo patrón se replica en la dimensión ambiental. Los 43 decretos retirados de Contraloría no eran caprichos burocráticos: eran normas que establecían condiciones para la actividad productiva en territorios habitados por comunidades y trabajadores que dependen de esos ecosistemas. La promesa de “cumplir la ley” como sustituto de las regulaciones sectoriales es otra de las fórmulas que Levitsky y Ziblatt documentaron en procesos de regresión democrática: el Estado de derecho invocado selectivamente para desmantelar aquello que incomoda, mientras se blindan las decisiones del ejecutivo de revisión judicial cuando se trata de inversiones privadas.
La reforma al SEIA contempla un régimen transitorio de cuatro años para acortar los plazos de revisión, y la posibilidad de compensar al empresario si el Estado revierte un permiso ambiental. Dicho en términos más directos: se abrevia el tiempo para proteger el entorno donde vive la gente, y se hace más caro para el Estado corregir sus propios errores. ¿Quién pierde en ese diseño? Los trabajadores que viven cerca de los proyectos, las comunidades que beben el agua de esas cuencas, los empleados cuyos derechos laborales quedan subordinados a la “certeza” del inversionista.
Hay una coherencia en todo esto que no debe confundirse con legitimidad. Un gobierno puede actuar dentro de la legalidad y aun así erosionar las condiciones que hacen posible una democracia robusta. Levitsky y Ziblatt lo explican con precisión: las democracias no mueren sólo por golpes militares. Mueren también cuando los gobiernos electos desmantelan sistemáticamente los contrapesos, debilitan a los actores colectivos de la sociedad civil —los sindicatos son el ejemplo histórico por excelencia— y reencuadran los derechos como privilegios que el mercado puede o no puede financiar.
Sindicatos y organizaciones sociales han expresado dudas sobre el impacto que podría tener la agenda económica del nuevo gobierno en derechos laborales y políticas sociales, advirtiendo que estarán atentos a eventuales reformas que puedan afectar la negociación colectiva, las condiciones laborales o el rol del Estado en áreas como salud, educación y protección social. Esas dudas, expresadas incluso antes del primer decreto, ya han comenzado a materializarse.
Otra: el fin del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles para el consumo general, citando un costo fiscal superior a los 50 y hasta 200 millones de dólares semanales, con la iniciativa de restringir el beneficio exclusivamente al transporte público y al keroseno. El Presidente señaló que el MEPCO fue “una ilusión” que el gobierno anterior mantuvo, quizás por razones electorales. El problema con ese argumento es que las ilusiones, cuando se derrumban de golpe, tienen consecuencias muy reales para quienes dependían de ellas. La alternativa analizada es acotar el mecanismo concentrándolo únicamente en keroseno y transporte público. El resto del país —los que manejan para ir al trabajo, los que calientan sus hogares con gas, los que reparten mercaderías— deberá absorber, sin amortiguación, las oscilaciones de un mercado petrolero convulsionado por la guerra en Medio Oriente. Otra vez: el ajuste lo paga quien menos puede elegir.
Y también está la relativización de la promesa que más lo definió durante la campaña, cuenta regresiva incluida: la expulsión de los 300 mil inmigrantes en situación irregular. A seis días de asumir, Kast reconoció en entrevista televisiva que la medida “no puede ejecutarse de manera inmediata”, aunque insistió en que se trata de una “señal política clara”: “es evidente que en un día uno no va a sacar a 300.000 personas, pero uno está dando una señal” (Las Dos Caras de La Moneda). Una vez más y en poco tiempo modifica su discurso de campaña. Pero Levitsky y Ziblatt identifican en este tipo de promesas —y en su ulterior relativización selectiva— un patrón de comunicación política específico: se infla el miedo con una amenaza, se moviliza el resentimiento, se gana el poder, y luego la promesa se reformula sin que desaparezca la estigmatización que la sustentaba. El propio director designado del Servicio Nacional de Migraciones reconoció que expulsar a una persona cuesta unos 3 mil dólares, y que el costo de ejecutar las 37 mil expulsiones ya resueltas legalmente es “elevadísimo”. No obstante, la zanja y el muro se construyen, la retórica permanece, los migrantes que trabajan en la economía informal —limpiando casas, vendiendo en las calles, cosechando frutas, levantando edificios— siguen sin saber qué estatuto jurídico tendrán mañana. Y esa incertidumbre, a diferencia de la promesa, sí es una política concreta con efectos laborales precisos: precarización.
La velocidad es parte del mensaje. Cuando un gobierno actúa en los primeros días con una batería de medidas que tocan simultáneamente lo laboral, lo ambiental, lo educacional y lo fiscal, no deja tiempo para el análisis ni para la articulación de la resistencia. La retroexcavadora no sólo excava: también aturde. Y en ese aturdimiento, se normaliza en semanas lo que en condiciones ordinarias habría requerido meses de debate público.
A este cuadro se suma el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos. El gobierno de Kast desechó el instrumento que articulaba las obligaciones del Estado en materia de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, sin anunciar un reemplazo. No se trata de un tecnicismo administrativo: un Plan Nacional de Derechos Humanos es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce compromisos concretos con su población y establece mecanismos de seguimiento. Retirarlo sin debate ni sustitución no es una reforma; es una señal sobre qué derechos —y de quiénes— el nuevo gobierno considera prescindibles.
Chile no está ante una amenaza abstracta a la democracia. Está ante decisiones muy concretas que afectan a personas de carne y hueso: el trabajador del retail que pierde la posibilidad de negociar su salario junto a sus pares del sector, las comunidades originarias, locales o costeras cuyos valles y cuencas quedarán sin la protección que ayer tenían, el estudiante de primera generación que ve su gratuidad sometida a revisión. Para ellos, la pregunta no es teórica. Es si mañana tendrán más o menos poder para defender lo que les pertenece.
La máquina excavadora, dijo el Presidente, construye futuro. Depende, como siempre, de para quién.
Fuentes: BioBio.cl, Cooperativa.cl, ElMostrador.cl, DF.cl, Emol.com, ElSiglo.cl, LT.cl, MalaEspinaCheck.cl
Para El Maipo, Aldo Siri Frites, Psicólogo, Lic. En Psicología, Mg. en Innovación, Gerente de Personas/RRHH, profesor MBA Industria Minera UCH, Mg. Personas y Organización UAH, Consultor de Empresas, especializado en Industria Minera, Habilidades Directivas, Desarrollo Humano y Negociación.
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