A pocas semanas del cambio de gobierno del 11 de marzo de 2026, el escenario político chileno comienza a mostrar un fenómeno bastante habitual en el inicio de un ciclo: la distancia entre las expectativas de la política y la realidad de gobernar. Las promesas de campaña inevitablemente se encuentran con restricciones institucionales, económicas y legislativas; las urgencias ciudadanas compiten por prioridad; y la agenda pública avanza entre ajustes, negociaciones y correcciones.
Hasta ahí no hay nada excepcional. Gobernar siempre ha sido, en buena medida, administrar esa tensión entre proyecto y realidad.
Lo más llamativo, sin embargo, ocurre en el otro lado del tablero. La oposición aún parece no encontrar una ruta clara para posicionarse frente al nuevo escenario. Abundan las críticas puntuales, las reacciones frente a decisiones del Ejecutivo o las disputas internas sobre estrategia, pero todavía no aparece con nitidez una lectura más amplia del país que permita ofrecer una alternativa política coherente.
La crítica es una función necesaria en cualquier democracia. Pero una oposición que aspira a convertirse en alternativa de gobierno necesita algo más que reacción: requiere diagnóstico. Sin esa lectura del momento que vive el país, la discusión pública corre el riesgo de fragmentarse en episodios, polémicas de corto plazo o debates que duran lo que dura el ciclo de noticias.
En ese punto resulta sugerente recordar la novela del escritor portugués José Saramago: Ensayo sobre la lucidez (Alfaguara, 2004). En ese relato, una elección municipal produce un resultado desconcertante: una mayoría abrumadora de ciudadanos decide votar en blanco. No se trata de apatía ni de abstención. Las personas acuden a las urnas, participan del proceso democrático, pero optan deliberadamente por no respaldar a ninguna de las alternativas disponibles.
El gesto descoloca al sistema político. En lugar de preguntarse qué mensaje hay detrás de ese voto, las autoridades interpretan el fenómeno como una amenaza. La reacción del poder no es comprender el malestar, sino atrincherarse para proteger el funcionamiento del sistema tal como está.
Saramago utiliza esa ficción para plantear una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la política pierde la capacidad de interpretar las señales que provienen de la sociedad?
El problema que sugiere la novela no es la existencia de instituciones democráticas, sino su eventual desconexión con la realidad social que deberían representar. Cuando esa distancia aparece, la respuesta no puede ser simplemente defender las estructuras existentes ni, en el extremo contrario, desmantelarlas en nombre del descontento. La tarea más compleja —y probablemente la más necesaria— es reconstruirlas para que vuelvan a ofrecer respuestas.
Ese dilema también atraviesa el debate político chileno actual. Las demandas sociales de los últimos años han puesto presión sobre el sistema institucional, generando cuestionamientos, propuestas de transformación y también episodios de desconfianza. Pero transformar instituciones no equivale a debilitarlas. Por el contrario, la estabilidad democrática depende en gran medida de que esas instituciones conserven capacidad de acción y legitimidad frente a la ciudadanía.
En ese esfuerzo de reconstrucción también conviene recordar algo fundamental: muchos de los debates actuales se producen sobre la base de avances sociales que el país ha construido durante décadas. Ámbitos como la inmigración, la cultura, los derechos humanos, la salud y la educación —a los que hoy se suman desafíos tan concretos como la vivienda, el transporte y la protección del medio ambiente— forman parte de un patrimonio democrático que no puede tratarse solo como materia de disputa coyuntural. Son espacios donde Chile ha desarrollado políticas públicas, consensos y aprendizajes institucionales que constituyen logros societales relevantes. Cuidarlos, perfeccionarlos y proyectarlos hacia el futuro debería formar parte del horizonte compartido de cualquier proyecto político responsable.
En ese contexto, tanto el gobierno como la oposición enfrentan un desafío similar: ofrecer una lectura realista del país y proponer caminos que fortalezcan la capacidad institucional para responder a los problemas públicos sin erosionar aquello que ya ha significado progreso colectivo.
Gobernar exige convertir proyectos en políticas viables. Hacer oposición exige construir una alternativa creíble. Ambas tareas requieren algo que a veces escasea en la política contemporánea: lucidez.
Porque los momentos de mayor tensión democrática no necesariamente anuncian su fracaso, sino la oportunidad de revisarla, fortalecerla y volver a conectar sus instituciones con la ciudadanía. Tal vez, como sugirió alguna vez José Saramago, el verdadero desafío de las democracias no sea defenderse de la sociedad, sino aprender a escucharse a sí mismas:
“Quizá haya llegado el momento de que la democracia se mire a sí misma.” — Ensayo sobre la lucidez.
Columna publicada por Le Monde Diplomatique el 1° de abril de 2026.
Por Rossana Carrasco Meza. Cientista Política PUC; Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile.
Nota: EL contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial de El Maipo
