El Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) fue concebido en Chile como una de las reformas institucionales más relevantes de la transición democrática. Inspirado en modelos de administración pública basados en el mérito, su propósito era profesionalizar el Estado, asegurando que los altos cargos directivos fueran ocupados por personas seleccionadas conforme a criterios de competencia técnica, experiencia y probidad, y no por su filiación o lealtad partidaria. Se trataba de un esfuerzo deliberado por superar las prácticas de clientelismo político que habían caracterizado, por décadas, la relación entre gobierno y burocracia.
Sin embargo, recientes informaciones que revelan la presencia de operadores políticos, entre ellos connotados activistas del Partido Republicano como Cristián Valenzuela, en instancias del propio SADP encargadas de evaluar eventuales vulneraciones a los principios de imparcialidad, probidad y apoliticidad, constituyen una señal de alarma institucional. La incorporación de figuras sin trayectoria profesional relevante ni calificación técnica destacada no solo contraviene el espíritu original del sistema, sino que pone en cuestión su legitimidad y credibilidad pública.
La literatura sobre gobernanza y administración pública coincide en que la profesionalización del Estado es un factor clave de la calidad democrática. Allí donde la selección de cuadros directivos se somete a criterios partidarios, se produce una captura política del aparato público, que distorsiona la racionalidad administrativa y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. La neutralidad y la imparcialidad no son meros formalismos éticos, sino condiciones estructurales para la eficacia del Estado. Sin ellas, las decisiones públicas tienden a responder a intereses coyunturales o ideológicos antes que a diagnósticos técnicos o necesidades sociales objetivas.
En este contexto, la presencia de operadores partidarios en las instancias de control del SADP representa una forma particularmente grave de colonización política del mérito. El riesgo no radica únicamente en las eventuales decisiones sesgadas que tales actores puedan adoptar, sino en la señal que se envía al conjunto del sistema: que la frontera entre la política partidaria y la función pública vuelve a ser difusa. Esta confusión, que el SADP buscó precisamente disipar, reintroduce la lógica del “cuoteo” y del “amiguismo” en el núcleo de un modelo que debía garantizar lo contrario.
La consecuencia más profunda de este proceso no es solo administrativa, sino cultural. El valor del mérito, entendido como la combinación de formación, experiencia y compromiso con el interés general, se ve desplazado por la lógica de la lealtad política. Y cuando eso ocurre, el Estado deja de ser un instrumento al servicio de la ciudadanía y se convierte en un campo de disputa entre facciones. La función pública pierde su sentido ético, y el ideal weberiano de una burocracia profesional se desdibuja ante la expansión de la racionalidad instrumental del poder.
La defensa del SADP exige, por tanto, una respuesta institucional clara: transparencia en las designaciones, rendición pública de antecedentes, y la garantía de que las comisiones evaluadoras estén integradas exclusivamente por personas de reconocida trayectoria y probidad. Más allá del caso puntual, lo que está en juego es la continuidad de un modelo de Estado basado en el mérito, la neutralidad y el servicio público. Renunciar a esos principios sería aceptar que la administración pública chilena vuelva a ser un espacio de reparto y de manipulación política.
En definitiva, el problema no es solo quién ocupa los cargos, sino qué tipo de Estado queremos construir. Si la Alta Dirección Pública se politiza, el Estado pierde su carácter profesional y la democracia su capacidad de sostener políticas estables, coherentes y confiables. La erosión del mérito es, en última instancia, la erosión de la República.
Por Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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