El sistema universitario chileno atraviesa un momento de singular tensión en sus mecanismos de gobierno democrático. Dos casos recientes, ocurridos con apenas semanas de diferencia, iluminan esta fragilidad desde ángulos distintos pero complementarios: el mío propio, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y el del rector Egon Montecinos en la Universidad Austral de Chile.
Mi situación es conocida para quienes han seguido el devenir de nuestra institución en estos días. Con fecha 26 de marzo de 2026, el Presidente del Directorio comunicó, de manera unilateral, el término de mis funciones como Rector, sin que mediara procedimiento estatutario alguno, sin intervención del Consejo Superior Universitario, sin los quórums exigidos y sin invocación válida de causal alguna. El Directorio corporativo actuó como si los estatutos no existieran: instaló autoridades de facto, bloqueó accesos a dependencias institucionales y plataformas digitales, e intervino los canales oficiales de comunicación de la Universidad. Se trata, en su esencia, de un golpe de mano administrativo contra una autoridad democráticamente elegida por la comunidad triestamental para un período vigente.
Esta situación ha sido sometida al conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago mediante un recurso de protección, en cuyo marco se ha solicitado una orden de no innovar actualmente en trámite. La sola admisibilidad de este recurso es indicativa de la gravedad de las actuaciones denunciadas: no estamos ante una disputa meramente interna o administrativa, sino ante una controversia constitucional sobre la legitimidad del ejercicio del poder en una institución de educación superior, que los tribunales de justicia deberán resolver.
El caso del rector Montecinos presenta una lógica diferente, pero igualmente perturbadora. Montecinos fue electo rector de la U. Austral en junio de 2025. Tras la grave agresión que sufrió la ministra Ximena Lincolao en el campus de Valdivia durante la inauguración del año académico, desde el oficialismo se le exigió públicamente que renunciara a su cargo. Al mismo tiempo, el Directorio del plantel emitió un comunicado en un tono notoriamente distinto al del rector, asumiendo implícitamente que hubo fallas en el manejo del incidente y ofreciendo disculpas directas a la ministra. Los estatutos de la universidad contemplan la remoción del rector por “notable abandono de deberes o la ejecución de actos que lesionen gravemente los intereses de la Corporación o comprometan seriamente su prestigio”, mediante acuerdo de los dos tercios del Consejo Superior Universitario.
Lo que estos dos casos revelan, vistos en conjunto, es una tensión estructural no resuelta en el gobierno universitario chileno: la que existe entre la legitimidad democrática de las autoridades electas y los poderes corporativos, fácticos y/o políticos que, en distintos momentos y por distintas vías, buscan condicionar su ejercicio o forzar su remoción.
En mi caso, esa tensión se resolvió —ilegalmente— mediante la fuerza administrativa del Directorio, al margen de todo procedimiento. En el caso de la U. Austral, la tensión aún no se resuelve, pero los mecanismos de presión son igualmente visibles: la interpelación pública desde el gobierno, la activación mediática de declaraciones antiguas del rector, la divergencia ostensible entre el Directorio y la Rectoría. Todo ello configura un ambiente en que la continuidad de una autoridad electa no depende únicamente de su desempeño institucional, sino también de su posición en el tablero político del momento.
Esto resulta preocupante por varias razones.
La primera es de principio: la autonomía universitaria no es un privilegio gremial, sino una garantía del pluralismo intelectual y del pensamiento crítico en la sociedad. Cuando esa autonomía se erosiona —sea desde dentro, por directorios que ignoran los estatutos como ha ocurrido en mi propia casa de estudios, o desde fuera, por presiones políticas que demandan renuncias— lo que se debilita es la capacidad de las universidades de ser espacios independientes de reflexión y deliberación.
La segunda es de procedimiento: la democracia universitaria vale precisamente en los momentos difíciles. Respetar la legitimidad de una autoridad electa cuando todo marcha bien no requiere esfuerzo ni convicción. La prueba real está en si los mecanismos estatutarios se respetan cuando surgen desacuerdos profundos, errores de gestión o presiones externas. Si los estatutos pueden ser ignorados por quienes tienen el poder fáctico de hacerlo, dejan de ser estatutos y se convierten en decorado. Es lo que he debido constatar en carne propia, y lo que los tribunales están ahora llamados a corregir.
La tercera razón es de contexto político: Chile transita un año electoral con tensiones ideológicas agudizadas. En ese marco, la politización de los conflictos universitarios tiende a intensificarse. Las universidades se convierten en escenarios donde se disputan narrativas políticas más amplias, y sus autoridades quedan expuestas a presiones que desbordan lo estrictamente institucional. El rector Montecinos fue interpelado no solo por su gestión el día de la agresión a la ministra, sino por declaraciones realizadas en un podcast en 2021, cuando se desempeñaba como académico. Esos registros comenzaron a circular y viralizarse en redes sociales como parte del escrutinio posterior al incidente. La línea entre la rendición de cuentas legítima y el linchamiento político se vuelve, en esos casos, peligrosamente difusa.
Nada de lo anterior equivale a eximir de responsabilidades a quienes las tienen. El punto no es la impunidad de las autoridades universitarias, sino la integridad de los procedimientos mediante los cuales se les exige cuentas o se les remueve y el respeto a la democracia en las universidades. Y, por lo tanto, el respeto a la soberanía de sus comunidades estudiantiles, académicas y funcionarias.
Una democracia universitaria robusta no se mide por la capacidad de elegir rectores, sino por la capacidad de procesar institucionalmente los conflictos cuando estos se presentan: sin atajos, sin golpes de mano, sin presiones políticas que pretendan sustituir al derecho. Lo que he vivido en estas semanas —y lo que hoy se ventila ante la Corte de Apelaciones de Santiago— me confirma que cuando esa capacidad falla, no pierdo solo yo como autoridad afectada: pierde la universidad como institución, y con ella, un espacio irremplazable para la vida democrática de su comunidad y de la sociedad.
* Rector vigente antes la SES, destituido ilegítimamente y con acciones legales en tramitación
Artículo publicado en Semanario Aula Magna
