Chile se ha convertido en un país corrupto. El país austero y honrado de nuestros padres ya no existe. Las redes de corrupción comienzan en los grandes empresarios y se extienden a políticos, fiscales, jueces, carabineros, militares y la Policía.
La corrupción no se detiene y ha debilitado las instituciones de la República.
En semanas recientes hemos conocido el escandaloso comportamiento del abogado Luis Hermosilla, quien, contra toda ética, favoreció el nombramiento de altos cargos en la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. A ello se agrega la obtención de información privilegiada por parte del director de la PDI, a cambio de gestiones en favor de su nombramiento.
Por otra parte, el exmagistrado Juan Poblete, junto al exministro de defensa Mario Desbordes hicieron lobby en favor de su común amiga María Teresa Letelier, para que asumiera su cargo en la Corte Suprema.
El deterioro de la ética continua con el comportamiento de Gonzalo Migueles, esposo de la ministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Según CIPER, realizó gestiones para incidir en el nombramiento del actual Fiscal Nacional, lo que aparece en los whatsapp del celular de Hermosilla.
Además, en el último tiempo, ha sido lamentable la extensa corrupción en los municipios, con alcaldes de distinto signo político. Resulta en extremo preocupante la afectación directa de los ciudadanos en sus barrios, con el comportamiento delincuencial de alcaldes inescrupulosos.
A diferencia del discurso oficial, las instituciones no están funcionando. O, mejor dicho, funcionan al servicio de los poderosos.
En años recientes, tres jueces corruptos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en el 2019, habían sido investigados por tráfico de influencias en favor de familiares, junto a sentencias absolutorias de un médico, negociante de psicotrópicos y de un narcotraficante. Grave, sin duda.
Grave también la decisión del Poder Judicial de liberar a Pablo Longueira, acusado con el cargo de fraude al fisco y cohecho agravado. Y, por cierto, es escasamente presentable sancionar con clases de ética a los empresarios Délano y Lavín, operadores de Penta, responsables, junto a Soquimich y a la industria pesquera de la corrupción transversal de políticos.
La corrupción ha avanzado velozmente en Chile y las instituciones se están deteriorando sin remedio. Fraude en el Ejercito, en Carabineros y en la PDI, empresarios que capturan parlamentarios y altas autoridades de gobierno para multiplicar sus ganancias. Un Servicio de Impuestos Internos y una Fiscalía que prefiere proteger transversalmente a políticos y empresarios corruptos, en vez de querellarse contra ellos.
El comportamiento del Poder Judicial y de la Fiscalía no ayuda al saneamiento de las instituciones. Están del lado de ricos y poderosos. Así ha sido en el caso Penta, con Soquimich, las Pesqueras y también en la colusión de las farmacéuticas, entre otros casos.
Una corrupción, en escala ascendente, y el deterioro de las instituciones, está afectando los derechos ciudadanos y también la vida económica del país. El Parlamento ha elaborado una vergonzante ley de pesca, que favorece a las grandes empresas pesqueras, lo que afecta a pescadores artesanales y depreda la fauna marina. Y, en estos días, cuando políticos decentes la quieren modificar, aparecen tres parlamentarios de derecha defendiendo a las siete familias de la industria pesquera en vez de cuidar los intereses nacionales.
El modelo neoliberal ha instalado la pasión por el dinero. Ha arrasado con los valores de ética pública que nos legaran Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende.
La delincuencia, que nace en las poblaciones y roba en las calles, tiene un referente en los corruptos de “cuello y corbata”. Aquellos son los que roban en gran escala, expolian a los consumidores y a los clientes modestos. Son el ejemplo para “los flaites” que asaltan en las calles. Peor ejemplo aún es que no sufran sanciones de cárcel, gracias a la protección que reciben de las instituciones públicas.
Esta historia lamentable de deterioro moral tiene antecedentes en el régimen de Pinochet. Junto a los robos del dictador, la corrupción institucionalizada se inició con las privatizaciones de las empresas públicas, que terminó liderando Büchi. Éstas enriquecieron a un grupo de personas, cuyo único mérito fue encontrarse en el momento propicio en el círculo de la nomenclatura tecnocrática militar. Los casos más representativos son los de Yuraseck, Ponce Lerou y Roberto de Andraca. “Lumpen burgueses”, en la terminología del André Gunder Frank.
Además de las privatizaciones a precio vil, el enriquecimiento empresarial en Chile provino también de la formación de las AFP, las ISAPRES y la transformación de la enseñanza en un negocio privado. Todas estas actividades se constituyeron en una fuente privilegiada de acumulación de ganancias para los nuevos ricos. Lo social se transformó en negocio.
Luego en democracia, cuando los militares retornan a sus cuarteles, el gran empresariado, para asegurar y ampliar sus ganancias, financia a los partidos políticos de forma transversal, evitando así mayores esfuerzos tecnológicos y de competencia. De la protección militar pasaron a la protección política. Se agrega a ello el control de medios de comunicación para intentar convencer a la ciudadanía sobre las bondades de sus negocios y del modelo económico que sufrimos.
Por Roberto Pizarro Hofer Colaborador de El Maipo
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
