Por Laura Villadiego
Manuel Ferreira aún vive con el miedo en el cuerpo a que el fuego vuelva a aparecer. En apenas 5 años, dos grandes fuegos acorralaron a Figueiro da Serra, el pequeño pueblo portugués donde vive. El primero fue en 2017. “Tuve que conectar una manguera a la fuente para intentar que no se quemara mi granja. Tuve que hacerlo solo porque no había bomberos”, recuerda este obrero de la construcción ya jubilado quien perdió todo. En 2022, volvió el pánico. “Ni en 2017 ni en 2022 se originó aquí, vino de otros lados. Pero tampoco sé cómo se originó”, recuerda.
Muchos creen que esos “otros lados” son las plantaciones de eucalipto que cubren más de una cuarta parte de los bosques portugueses y que arañan incluso espacios protegidos como el Parque Nacional de Serra da Estrela, donde descansa Figueiro da Serra. Y no es el único. El de Portugal es uno de los numerosos ejemplos de cómo la agricultura intensiva, que se ha impuesto como modelo desde los años 60 en Europa de la mano de la Política Agrícola Común, amenaza a espacios protegidos por la Red Natura 2000, poniendo en peligro tanto a la biodiversidad que albergan como a las comunidades que viven cerca.
Porque el campo ha dejado de ser un modo de vida para las comunidades locales y se ha impuesto la lógica del máximo beneficio, explica Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, una ONG que trabaja por el derecho a la alimentación y por cambiar el sistema agroalimentario hacia uno más justo.
“Se ha apostado por la ‘asalarización’ de la agricultura, es decir, sustituir la mano de obra que había de agricultores, que muchos eran propietarios, y sustituirla por asalariados de grandes empresas en condiciones precarias”, asegura Guzmán.
Así, esta industria agrícola intensiva basa sus beneficios en la explotación de trabajadores vulnerables, a menudo inmigrantes que han llegado con programas de circularidad a Europa que les obligan a volver una vez termina la campaña, y en extraer a la naturaleza la mayor cantidad de recursos posibles sin tener en cuenta su impacto medioambiental, recuerda el activista. Una tendencia que se ha visto agudizada en los últimos años con la entrada de grandes capitales en la ecuación. “Se ha facilitado la entrada de grandes fondos de inversión en la agricultura, que están campando sus anchas, están comprando tierra y, fundamentalmente, agua”, asegura.
Y ni siquiera las zonas más protegidas han quedado a salvo. Creada en 1992, la Red Natura 2000 es la principal pieza de la política de conservación medioambiental en Europa. Con más de 27.000 áreas protegidas reconocidas, la Red cubre más de 767.000 kilómetros cuadrados sobre tierra y 450.000 en zonas marítimas. Dentro de esos espacios de la red, los llamados ecosistemas agrarios suponen un 38% del total del área protegida, según el informe Farming for Natura 2000. Su extensión es tal que esas zonas agrícolas suponen hasta un 10,6% del total del área cultivada en Europa.
Y aunque algunos de esos usos agrícolas son compatibles con la conservación de especies, en muchas otras ocasiones, la agricultura pone en riesgo su supervivencia debido a la pérdida y fragmentación de hábitats y al uso de pesticidas, herbicidas y otros insumos sintéticos que son tóxicos para la fauna y flora autóctona. Así, según el informe Estado de la Naturaleza en la UE, publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, tres cuartas partes de los hábitats en Europa están en condiciones pobres o malas y un tercio sigue deteriorándose. De las presiones que estos ecosistemas sufren, la agricultura es la principal causa de su degradación, con un 21% de todas las presiones.
Es lo que ha ocurrido en Portugal con los monocultivos de eucaliptos y pinos. Portugal es uno de los países más afectados por fuegos en Europa. Según Copernicus, en 2024 se quemaron cerca de 145.000 hectáreas en Portugal, equivalente al 1,6% de su superficie, la cifra más alta de toda Europa. Además, la media de superficie anual quemada entre 2006 y 2023 fue de cerca de 94.000 hectáreas, también la mayor media de Europa. Y varias investigaciones han conectado estos fuegos con los eucaliptos. Así, un estudio publicado por investigadores del Instituto Politécnico de Leiria y la Universidad de Minho, ambos de Portugal, encontró que entre 2015 y 2018, los eucaliptos supusieron un 46% de las zonas quemas por fuegos silvestres, a pesar de que ocupan sólo un 26% del área forestal. Las encinas, por su parte, una especie autóctona, sólo supusieron el 4% del área quemada a pesar de ocupar el 36% del área.
Espacios protegidos acorralados
Como en el caso de Portugal, a menudo las presiones no vienen de la agricultura que tiene lugar dentro de los espacios, sino de la que se desarrolla en las lindes. Otro ejemplo es el Parque Natural de Doñana (España), donde la extracción de agua para los invernaderos de frutos rojos y otros cultivos intensivos cercanos ha afectado al acuífero del que depende el ecosistema y las lagunas y marismas se están secando.
“Cuando extraes agua del acuífero, por un lado baja el nivel general del acuífero y por tanto el nivel general de las lagunas o la inundación de las lagunas baja, pero también alrededor de todos los puntos de extracción de agua se genera un cono de succión en el que el nivel freático está muy deprimido en esa zona y todo lo que queda a menos de ciertos kilómetros de ese punto de extracción se seca por completo”, explica Miguel de Felipe, científico de la Estación Biológica de Doñana. Esto tiene un impacto directo sobre las comunidades de aves que dependen de estas marismas como parada en sus migraciones entre Europa y África, y cuyo número se ha reducido. El impacto se ha dejado sentir en todo el continente, y 9 especies de aves (de 15 analizadas) han reducido sus poblaciones en los últimos 40 años por la pérdida de áreas inundadas en la marisma del Parque Nacional de Doñana.
De momento las restricciones de agua han afectado sólo al regadío, pero tampoco se descarta que puedan llegar a afectar a las poblaciones cercanas, como ya ocurre en otros lugares de España.
“Este modelo de agricultura tiene 40 años. Si este ritmo de explotación hubiera tenido lugar a finales del siglo XIX, hoy día probablemente muchos de estos pequeños pueblos ya habrían tenido que emigrar”, asegura Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de Doñana de WWF.
Unos kilómetros al este de los invernaderos de frutos rojos de Doñana, los arrozales tienen una relación diferente con el agua. Dependientes del caudal de superficie y no del acuífero, las 35.000 hectáreas de arrozal que hay en la desembocadura del Guadalquivir son también un refugio para las aves, especialmente cuando el agua está más baja dentro de la zona protegida. Sin embargo, la concesión de agua que reciben es a menudo más restringida que la de los invernaderos y en los últimos años han tenido que limitar el número de hectáreas cultivadas, con un impacto social y medioambiental negativo. “En 2023 no pudimos cultivar nada. Estamos hablando de más de 5.000 puestos de trabajo perdidos, más de 300.000 jornales”, explica Eduardo de Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
Cuando la relación es positiva
La relación entre agricultura y zonas protegidas no siempre es negativa. De hecho, algunos de esos espacios han sido incluidos dentro de la red precisamente porque los paisajes agrícolas han creado hábitats perfectos para la subsistencia de ciertas especies. Es lo que ocurre en el parque natural Loire-Anjou-Touraine, en el centro de Francia, con el aguilucho cenizo, un ave originariamente costera que ha encontrado en los campos de cereal de las planicies francesas un lugar idóneo para anidar.
Sin embargo, esas fincas son también una trampa mortal para estas aves: las cosechadoras recogen el grano antes de que termine la anidación y a menudo arrollan a las crías que aún no son capaces de volar. Para asegurar su supervivencia, la Liga por la Protección de Pájaros en la región de Centre-Val de Loire (LPO Centre-Val de Loire) se ha asociado a los agricultores para proteger los nidos y repoblar esta especie cuyo número está en declive. “Los agricultores son necesariamente importantes [en la protección de los pájaros] porque son los propietarios de la tierra, y trabajan con la naturaleza, por lo que no podemos prescindir de ellos”, explica Clément Delaleu, técnico del proyecto. La organización recorre así los campos antes de la cosecha, localizando los nidos y señalándolos con una especie de jaula para que los agricultores puedan evitarlos con la maquinaria. A cambio, los agricultores consiguen un aliado, el mismo aguilucho, que mantiene a raya las plagas de ratones que se alimentan de los campos de cereal.
“Para nosotros no tiene efectos negativos, como mucho se pierden unos metros de cosecha”, asegura Eric Menanteau, un agricultor de cereales y ganadero. “Y somos conscientes de los beneficios. Parece que estamos siempre en contra del medio ambiente, pero cuando podemos hacer algo [positivo], lo hacemos”, continúa.
¿Futuro al servicio de los grandes intereses y empresas?
El futuro es ahora incierto. La Ley de la Restauración de la Naturaleza, que entró en vigor en agosto de 2024, obliga a los Estados miembros a recuperar al menos el 20% de los hábitats antes de 2030, dando prioridad a la Red Natura 2000. Sin embargo, Guzmán recuerda que recientemente ya se desmanteló el Pacto Verde Europeo, que incluía varias medidas para reducir el impacto medioambiental de la agricultura, como consecuencia de las protestas de agricultores previas a las elecciones europeas de junio de 2024. “Se ha pegado una patada directamente al Pacto Verde y se está buscando la manera de ponerse al servicio de los intereses de las grandes empresas. No hay una defensa del modelo de agricultura tradicional, un modelo de agricultura sostenible, una transición más agroecológica. Todo lo que había de positivo, se ha parado”, asegura.
En Serra da Lousa, quieren demostrar que lo más sostenible es volver al modelo tradicional de agricultura que revitalizaba la zona y protegía contra los incendios.
“Antes, cuando todo estaba cultivado, no había grandes incendios. Estamos volviendo a ese principio”, explica Nik Völker, responsable de comunicación de Veredas da Estrela, una organización creada tras el incendio de 2022 para crear una comunidad resiliente ante el fuego.
“Aún hay algunas zonas de plantaciones privadas de eucaliptos aquí pero la mayoría están abandonadas y favorecen los fuegos”. Con la ayuda de los vecinos, Veredas da Estrela está recuperando zonas abandonadas para volver a cultivarlas. “La gente de aquí está muy interesada en lo que estamos haciendo, tanto jóvenes como mayores. Aún tienen mucho miedo de los fuegos”, concluye Völker.
Este artículo ha sido desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.
Artículo tomado de Equaltimes
El Maipo
