(Lima) La candidata presidencial Keiko Fujimori, enfrenta por cuarta vez un balotaje, ha estado vinculada a la política desde el divorcio de sus padres, que la obligó a asumir el protocolar cargo de primera dama de su país.
Tenía solo 19 años cuando tuvo que interrumpir sus estudios para someterse a la disciplina y los ceremoniales de Estado, los rígidos horarios y la etiqueta de los viajes oficiales al exterior, la manera en la que se introdujo en la política bajo la férula de su padre, Alberto, quien gobernó Perú con mano dura desde 1990 hasta 2000.
Nacida en Lima el 25 de mayo de 1975, en una familia de clase media y padres profesionales, permaneció en el país tras el abandono del cargo de su padre debido a una grave crisis política.
Obtuvo el grado de bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Boston, Estados Unidos, y una maestría en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, en el mismo país.
Se convirtió en heredera política de su padre y como tal, fue elegida congresista por Lima Metropolitana con la mayor votación individual parlamentaria y desempeñó el cargo entre los años 2006 y 2011, bajo el gobierno de Alan García.
Hace 15 años creó el partido Fuerza 2011, que posteriormente cambió de nombre a Fuerza Popular, el que mantiene hasta ahora como presidenta y fundadora de la organización de corte neoliberal.
Ese mismo año alcanzó el segundo lugar en su primer fracaso en un balotaje en el que fue derrotada por el nacionalista Ollanta Humala.
Volvió a intenttarlo en 1966 y ganó la primera vuelta con casi el doble de los votos obtenidos por su contrincante, Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en el balotaje por estrecha diferencia.
Intentó por tercera vez ser elegida jefa de Estado en 2021, cuando fue superada por escaso margen por el maestro rural Pedro Castillo, como las veces anteriores por el rechazo del electorado a su empeño de reivindicar el gobierno de su padre.
En 2015 fue investigada por presuntos delitos de lavado de activos y otros por el fianciamiento oculto de emnpresas locales y brasileñas por millones de dólares a las campañas electorales de su partido.
Por ello fue esometida a prisión preventiva dos veces durante un total de aproximadamente 15 meses, tras lo cual el proceso continuó hasta que, en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional determinó que el suministro de fondos con fines electorales no era delito cuando Fuerza Popular recibió los fondos, por lo que ordenó archivar el caso.
Cerrado ese episodio, se dispuso a preparar su postulación a la presidencia.
El Maipo/PL
