Hay visitas que no nacen de la curiosidad ni del deber, sino del deseo de mostrarse. La de José Antonio Kast a la prisión símbolo del régimen de Nayib Bukele fue una de esas. Más que comprender, se trató de mirar y ser mirado; más que preguntar, de confirmar una idea previa. En ese recorrido, el castigo se presentó como solución y el encierro como mensaje.
La cárcel salvadoreña, elevada a emblema del orden, carga con un peso que no se borra con cifras ni con imágenes bien encuadradas. Diversas organizaciones han documentado detenciones sin debido proceso, suspensión prolongada de garantías y un sistema judicial reducido a trámite. Allí, el Estado no solo encierra: decide quién merece existir fuera y quién no. Frente a ese escenario, el silencio no es neutral. Cuando Kast camina por esos pasillos sin incomodidad visible, la escena habla por él.
La promesa que se exhibe es sencilla y seductora: seguridad inmediata. Pero toda promesa tiene un costo, y ese costo suele recaer sobre quienes no tienen voz. El Estado de derecho aparece entonces como un estorbo, un lujo para tiempos tranquilos. En su reemplazo, se ofrece una lógica de control total, donde la eficacia se mide en cuerpos alineados y puertas cerradas.
El viaje tiene también un destinatario cercano. No es solo El Salvador lo que se observa, es Chile lo que se imagina. La visita funciona como un gesto político claro: mostrar que hay atajos posibles, incluso si esos atajos pasan por debilitar garantías básicas. La excepción deja de ser una respuesta transitoria y empieza a parecer un modelo.
Hablar de “zoológico humano” no es exagerar. En la visita oficial, las personas privadas de libertad son reducidas a prueba visual de una política. No tienen nombre ni historia; son parte del decorado. Esa deshumanización no solo afecta a quienes están tras las rejas. También educa a quienes miran: enseña que hay vidas que pueden ser tratadas como advertencia.
La política contemporánea se mueve cada vez más por imágenes que por argumentos. Kast lo entiende. Por eso la foto importa tanto. Por eso no hay preguntas incómodas ni gestos de distancia. El mensaje es simple: esto funciona, esto es deseable.
Pero hay una verdad que no cabe en una postal carcelaria. La seguridad duradera no se construye anulando derechos, sino protegiéndolos. No se sostiene sobre el miedo, sino sobre instituciones que previenen, investigan y juzgan con reglas claras. El orden impuesto por la fuerza puede impresionar; rara vez perdura sin dejar heridas profundas.
Visitar una prisión podría ser un acto de responsabilidad si el objetivo fuera escuchar, fiscalizar, incomodarse. Convertirla en un escenario político es otra cosa. Es aceptar que el dolor ajeno se use como argumento. Y cuando eso ocurre, ya no se discute solo sobre seguridad, sino sobre qué tipo de sociedad estamos dispuestos a ser.
Para El Maipo, Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.
