Por Iván Paredes Tamayo
La Justicia de Bolivia cerró el caso Caza & Safari, en el que se investigaba a una empresa argentina que vendía paquetes turísticos para viajar a Bolivia y matar jaguares en la región del Pantanal. Los demandantes acusan a la Fiscalía de Santa Cruz de no revisar las pruebas presentadas y de evitar dar información sobre el proceso.
El dueño de la compañía Caza & Safari, Jorge Néstor Noya, está acusado en Argentina de ser el principal artífice del caso más grande de tráfico de fauna silvestre de ese país.
El jaguar es una especie protegida en la región. Se estima que en Bolivia solo quedan un poco más de 3000 individuos, según el biólogo Huáscar Bustillos. La ley prohíbe su cacería y los expertos piden que se cambie su categoría de vulnerable a en peligro.
En Bolivia, Noya llevó clientes de manera irregular para cazar jaguares en la zona oriental de ese país. Lo hizo durante más de 30 oportunidades desde la década de 1980. Noya fue procesado en su país y la investigación cobró relevancia regional, ya que el negocio de este cazador también llegó a Paraguay, Brasil e incluso a algunos países de África.
Rodrigo Herrera, abogado boliviano que llevó el caso con la parte demandante, que es la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano, explicó a Mongabay Latam que en Bolivia se introdujo una demanda penal en diciembre de 2024 y que luego se conformó una comisión de investigación conformada por la Fiscalía del municipio de San Matías (frontera con Brasil), la Fiscalía especializada en delitos ambientales de Santa Cruz y la Fiscalía General, que tiene sede en la ciudad de Sucre.
“Todo este tiempo, como parte demandante, hemos presentado a la Fiscalía muchas pruebas, muchas evidencias y también se remitió el informe oficial de la fiscalía argentina en el que se muestra información recolectada del teléfono celular del señor Noya que confirmaba que él estaba en Bolivia en noviembre de 2023 realizando la caza ilegal del jaguar”, detalló Herrera.
El abogado añadió que esperaron la respuesta de la Fiscalía boliviana y que en julio de este año el proceso ya no se encontraba en el sistema digital del Ministerio Público de Bolivia. “En la Fiscalía de Santa Cruz nos dijeron que el fiscal de San Matías había cerrado el caso por insuficientes pruebas”, dijo. Herrera dijo que no fueron notificados a la fecha con la extinción del proceso y afirmó que seguirán insistiendo en un juicio contra Noya en Bolivia.
En el marco de este caso, en Argentina se hicieron 12 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santiago del Estero. También se embargaron 37 vehículos automotores, los cuales eran propiedad de los acusados, varios de ellos de alta gama. Se embargó también un inmueble de gran valor ubicado en la costa atlántica argentina que era propiedad de uno de los supuestos jefes de la organización y también fueron embargados los tres terrenos de caza en los que se habrían hecho las cacerías ilegales.
Ese proceso se instaló en la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora, que es la que instruyó la investigación, y también intervino el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. En este caso, según la investigación, también se incautaron 44 armas de fuego, que habrían sido utilizadas para entregárselas a los clientes extranjeros del argentino Noya, con las que habrían realizado las actividades cinegéticas (técnicas y mecanismos para cazar) ilegales.
La provisión de armas de fuego a los clientes de Noya se hacía -según la investigación- sin que estos tuvieran permisos para cazar ni tampoco permisos para usar armas de fuego en Argentina y en Bolivia. .
Los “trofeos”
Durante los operativos se incautaron 7951 taxidermias, es decir, animales disecados para conservarlos con apariencia de seres vivos. Este proceso de taxidermia se realizaba -según la investigación- en talleres ilegales en Argentina y luego esos “trofeos” eran enviados a los países de los clientes cazadores.
En la investigación se incluyen detalles de los viajes y clientes de Noya. El cazador argentino recibía a sus clientes, la mayoría de nacionalidad estadounidense y españoles, en Argentina. Desde allí, los llevaba hasta la ciudad de Sao Paulo y luego a Cuiabá, cerca de la frontera con Bolivia. Desde Cuiabá ingresaba con los cazadores en avioneta a varios destinos del oriente boliviano, donde buscaban jaguares para matarlos.
Lisa Mirella Corti, que es una de las denunciantes del caso en Bolivia y parte del colectivo El llanto del Jaguar, explicó a Mongabay Latam que en Bolivia la demanda se presentó en diciembre de 2024, luego de conocer los hechos que habría cometido Noya en Bolivia, principalmente en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, que es la segunda reserva natural más grande de Bolivia.
“Se admitió la denuncia, pero en el proceso de investigación la han desestimado. Nos sacaron del sistema digital hace unos meses y ahora no podemos acceder a información del caso. Nos dijeron que desestimaron el caso porque el fiscal de San Matías dijo que no hay suficientes pruebas, pero eso es incorrecto, ya que hemos presentado todas las pruebas, como una foto de Noya con un jaguar muerto en Bolivia”, dijo Mirella Corti.
La activista añadió que en Bolivia no se hizo ningún allanamiento y que no se gastaron recursos económicos para llevar adelante la investigación. “Este es un crimen transnacional. Nosotros vamos a reactivar el caso y queremos que se impute a Noya para pedir su extradición”, remarcó Mirella Corti.
Mongabay Latam se contactó con la Fiscalía de Santa Cruz para pedir información y confirmó que ese caso fue cerrado por la Fiscalía de San Matías. Esta última dependencia evitó dar declaraciones sobre el tema.
La Fiscalía de Santa Cruz explicó a este medio que en el marco de esta investigación se pidió, por ejemplo, información al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para determinar si el predio donde ocurrieron los delitos es un inmueble particular o es una reserva nacional. Además, esta instancia detalló que aparte de Noya se investigaba a un ciudadano español, quien ingresó a Bolivia con el empresario argentino para matar jaguares.
Según detalló Mirella Corti, la parte demandante presentó fotografías que son profundamente indignantes y crueles: se ve a Noya posando con sus clientes con los jaguares abatidos. Hay felinos muertos colgados en árboles y al lado de los cazadores lanzando sonrisas.
La investigación argentina secuestró los teléfonos de los imputados, especialmente el de Noya. En una de las comunicaciones, los jefes de la organización conversan con un cliente panameño que quería cazar un “bicho que come caballos”, refiriéndose al jaguar. Las fechas no están claras en la investigación, pero esa cacería pudo haber sido en julio de 2024. El panameño nunca pudo cazar un jaguar en su recorrido por Argentina y su sueño era tener un trofeo de esta especie. Como no logró su cometido en suelo argentino, Noya invitó al cazador panameño a ir a cazar a Bolivia sin ningún costo.
La ruta de Noya
Para lograr ese objetivo en Bolivia, Noya primero tomó un vuelo de Argentina hacia Brasil y desde allí una avioneta hacia Bolivia. El vuelo de esa avioneta era ilegal porque no se registró su paso fronterizo de Brasil a Bolivia. Noya hizo saber que la cacería se realizaría en el oriente boliviano. Hasta ahí llegaron con el cliente panameño y se desconoce si el cazador logró llevar su “trofeo” a su país.
Noya ofrecía alojamiento en Argentina y distintos tipos de cacerías. Sus clientes llegaban a pagar mucho dinero por cada “trofeo”: cuanto más raro, más difícil de ver o más escaso era el animal a cazar, se consideraba más valioso. La caza de un jaguar en Bolivia llegó a costar hasta 50 000 dólares. Los clientes de Noya serían personajes reconocidos en sus países.
Uno de ellos es un destacado médico español que tiene incluso un Museo de la Fauna Salvaje en España. Era el segundo extranjero investigado en Bolivia.
La ruta que realizaba Noya y sus clientes para llegar a Bolivia tenía dos escalas en Brasil. Salían de Buenos Aires hacia Sao Paulo y de ahí llegaban a Cuiabá, que está muy cerca del ANMI San Matías. Todas esas rutas la hacían en vuelos comerciales, según la investigación. Desde Cuiabá, muchas veces ingresaban ilegalmente en avionetas. Ese espacio aéreo es dominado por las mafias del narcotráfico. Otras veces realizaban viajes por la vía terrestre, también, violando los controles migratorios, ya que en la investigación boliviana no existe un registro migratorio oficial de entrada y salida por parte del empresario argentino.
En la investigación argentina se confirmó que Noya viajó a Bolivia con sus clientes e incluso con las fotografías tomadas con el teléfono celular de Noya se verificó con aplicaciones digitales que esas imágenes fueron realizadas en territorio boliviano. Mongabay Latam se contactó con el abogado de Noya, pero el jurista no respondió los requerimientos.
El Maipo/Mongabay
