La desaparición de hace 11 meses de Julia Chuñil, dirigenta de comunidad mapuche en Chile, ha estremecido a la opinión pública y puesto nuevamente en el centro del debate el rol de los Estados frente a la protección de quienes defienden el medioambiente y los territorios indígenas. Los antecedentes del caso, que apuntan a la posible acción criminal en su contra, nos obligan a reflexionar sobre las fragilidades institucionales que persisten y sobre la deuda pendiente con la plena implementación del Acuerdo de Escazú.
El tratado —que Chile firmó en 2018 y ratificó en 2022— establece un marco de protección pionero en América Latina y el Caribe, al reconocer el derecho de las comunidades a participar en las decisiones ambientales, garantizar el acceso a la información y, de manera muy significativa, resguardar a los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. La desaparición de Julia Chuñil interpela directamente este último compromiso.
El caso revela tres desafíos urgentes:
1. Garantías de seguridad y protección real. El Estado debe asegurar que las y los defensores ambientales no enfrenten amenazas ni violencia por ejercer su labor. Escazú no puede quedarse en un texto declarativo: exige protocolos de protección efectivos, con recursos, coordinación policial y judicial, y mecanismos de alerta temprana.
2. Reconocimiento de los pueblos indígenas como actores centrales. La labor de Julia Chuñil estaba ligada a su identidad mapuche y a la defensa de territorios amenazados por proyectos extractivos. El convenio plantea un deber reforzado de escuchar y garantizar la participación de los pueblos originarios, no solo como comunidades “consultadas”, sino como sujetos de derecho.
3. Fin de la impunidad. La mayor amenaza a la eficacia del Escazú radica en la falta de sanción a quienes hostigan, persiguen o violentan a defensores ambientales. La justicia chilena debe investigar con celeridad, transparencia y perspectiva de derechos humanos, evitando la normalización de la violencia contra liderazgos indígenas.
La desaparición de Julia Chuñil no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón regional donde defensoras y defensores ambientales sufren agresiones sistemáticas. Escazú nació precisamente como respuesta a este escenario. Sin embargo, su vigencia real dependerá de que los Estados traduzcan sus compromisos en políticas públicas tangibles, con voluntad política y presupuesto suficiente.
El caso de Julia Chuñil nos recuerda que detrás de cada firma y ratificación hay vidas humanas en riesgo. La credibilidad del Acuerdo de Escazú, en Chile y en toda América Latina, se juega en la capacidad de proteger efectivamente a quienes, como Julia, dedican su vida a defender la tierra, el agua y la memoria de sus pueblos.
Por Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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