La Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPE), creada por el gobierno para abordar el conflicto territorial mapuche, cerró el año bajo fuertes críticas del Informe Anual de Derechos Humanos 2025 de la Universidad Diego Portales (UDP), que advierte que el proceso no cumple con estándares internacionales y podría reproducir las mismas lógicas estatales que originaron la crisis.
El análisis, elaborado por los abogados Felipe Guerra Schleef y Constanza Gumucio Solís, cuestiona el diseño, funcionamiento y propuestas de la Comisión, señalando que sus recomendaciones “no son transformadoras” y que su enfoque tecnocrático no garantiza una reparación territorial efectiva.
Composición cuestionada y reglas que bloquearon acuerdos
Una de las principales críticas apunta a la conformación de la CPE, diseñada con “criterios políticos y partidarios” sin incluir representantes mapuche elegidos por las propias comunidades. Esto, según el informe, afectó su legitimidad desde el inicio.
Además, la exigencia de unanimidad para aprobar recomendaciones terminó siendo contraproducente: el mecanismo bloqueó acuerdos importantes y provocó el quiebre entre sus integrantes, convirtiendo el espacio en uno “excesivamente condicionado por lógicas transaccionales” en lugar de respetar los estándares de participación indígena del derecho internacional.
Consulta indígena deficiente
El documento sostiene que la Comisión tampoco cumplió con el requisito de consulta previa, libre e informada. El proceso se realizó después de que la CPE concluyera sus trabajos y bajo un reglamento “ampliamente cuestionado”, vulnerando el principio de participación sustantiva.
Esto implicó que las comunidades mapuche no pudieron influir realmente en medidas que les afectan directamente, como el nuevo sistema de tierras o la creación de un tribunal arbitral.
Violencia estructural ignorada
El informe critica que la Comisión hable de “violencia rural” sin incorporar adecuadamente la violencia estructural ejercida por el Estado. La criminalización, la represión policial, las leyes de excepción y el despojo territorial histórico “no son elementos secundarios”, sino parte constitutiva del conflicto.
Al no integrar esta dimensión, la CPE “ofrece una comprensión incompleta del problema”, lo que debilita cualquier propuesta de reparación, según los autores.
Nuevo sistema de tierras: riesgo de mercantilización
El informe dedica especial atención al modelo de tierras recomendado, que incluye una Agencia de Reparación y un Tribunal Arbitral con paridad mapuche/no mapuche.
Aunque reconoce que la propuesta visibiliza la magnitud del problema territorial, los autores advierten que se basa en una lógica altamente administrativa, con decisiones del tribunal sin control judicial robusto, lo que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, el documento alerta sobre la liberalización del régimen jurídico de tierras indígenas, que facilitaría nuevos contratos, arriendos y figuras de uso. Esto “desconoce el carácter colectivo de la tierra mapuche” y podría abrir procesos de fragmentación en un contexto de desigualdad estructural.
Cinco recomendaciones urgentes
El informe cierra con cinco correcciones que el Estado debe implementar:
- Realizar consulta previa, libre e informada en todas las medidas derivadas de la Comisión
- Garantizar un sistema integral de reparación territorial, incluyendo restitución
- Asegurar control judicial efectivo sobre decisiones del tribunal arbitral
- Revisar la liberalización del régimen de tierras para evitar enajenaciones encubiertas
- Centrar la política en el derecho al desarrollo propio del pueblo mapuche
El análisis de la Universidad Diego Portales representa una de las evaluaciones más críticas al trabajo de la Comisión para la Paz desde su creación, poniendo en evidencia las tensiones entre las soluciones técnico-administrativas propuestas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente en diversas Declaraciones de la ONU y el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile.
