La educación superior está cambiando y necesitamos un nuevo sistema que se adapte.
La crisis de financiamiento que afecta a las universidades es un fenómeno global, impulsado por la masificación de la educación superior y las cambiantes dinámicas económicas. En nuestro país, esta problemática se manifiesta de manera particular, exigiendo respuestas urgentes y complejas. El Gobierno ha dado un paso significativo al proponer un nuevo marco legal que busca asegurar la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior y aliviar la carga de la deuda estudiantil.
La promulgación de la Ley 21.091 en 2018 representó un avance significativo para la educación superior en Chile, dando respuesta a las demandas históricas de las comunidades universitarias. La gratuidad, la creación de una superintendencia y la eliminación de prácticas abusivas son solo algunos de los logros de esta profunda reforma. No obstante, es fundamental reconocer que aún quedan aspectos por abordar para garantizar una educación superior de calidad para todos.
La principal urgencia es establecer un financiamiento estable y predecible para la educación superior, que permita a las instituciones planificar su desarrollo a largo plazo. El proyecto de ley propone un nuevo sistema de financiamiento (FES) que reemplazará al CAE y ofrecerá alternativas para estudiantes de todos los deciles. Los estudiantes de los primeros seis deciles mantendrán la gratuidad, mientras que aquellos entre el séptimo y décimo decil podrán acceder al FES en las instituciones adheridas.
Los estudiantes que se beneficien del FES no pagarán matrícula ni arancel, pero asumirán un compromiso de contribución luego de su egreso. Este pago se calculará en función de sus ingresos futuros y se realizará a través de retenciones en la renta, comenzando 24 meses después de graduarse o abandonar sus estudios. En el caso de carreras con procesos de titulación más largos, como Derecho, el plazo se extenderá a 36 meses.
El FES ofrece beneficios adicionales para los estudiantes. Los egresados con bajos ingresos estarán exentos de pago o pagarán un porcentaje mínimo de sus ganancias. Todos los estudiantes con CAE podrán optar por el FES, y aquellos que lo necesiten podrán extender sus estudios por un año más. Además, se propone incluir las carreras semipresenciales en la cobertura del sistema.
Las personas con deudas en CAE, Fondo Solidario y Corfo podrán adherirse voluntariamente a un plan de reestructuración que incluye condonación. El Estado asumirá la deuda y los deudores pagarán cuotas según sus ingresos, siempre menores a las actuales.
La sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior es crucial para garantizar el acceso y la calidad de la educación. El FES, al establecer un sistema de financiamiento más estable y predecible, permite una planificación a largo plazo tanto para las instituciones como para los estudiantes. Además, el plan de reestructuración de deudas contribuye a la estabilidad financiera de los egresados.
La educación superior está cambiando y necesitamos un nuevo sistema que se adapte. El FES es la solución: ofrece más opciones de financiamiento para todos, desde gratuidad hasta créditos con pagos flexibles. La palabra la tendrá ahora el Congreso, que deberá estar a la altura de esta urgente necesidad.
Columna publicada por El Mostrador el 8 de octubre de 2024.
Para El Maipo: Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), colaborador de El Maipo.
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