El Gobierno del presidente José Antonio Kast presentó este martes un proyecto de ley que busca modificar de manera sustancial el Sistema de Admisión Escolar (SAE), reinstalando la posibilidad de que los establecimientos educacionales seleccionen estudiantes bajo determinados criterios definidos por la normativa.
La iniciativa, anunciada en el Palacio de La Moneda junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, propone reemplazar el actual sistema basado principalmente en asignaciones aleatorias por un modelo mixto que combine procesos de selección y sorteos, dependiendo de las características de cada establecimiento.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca fortalecer la libertad de elección de las familias y reconocer la diversidad de proyectos educativos. Sin embargo, la propuesta reabre una de las discusiones más controversiales de la política educacional chilena de las últimas décadas: el equilibrio entre libertad de elección, mérito académico e igualdad de oportunidades.
Dos mecanismos de admisión
El proyecto contempla la creación de dos modalidades de ingreso: “Elección Mutua” y “Asignación Aleatoria”, ambas administradas mediante una plataforma centralizada del Ministerio de Educación.
La primera permitirá que los establecimientos con alta demanda puedan considerar criterios objetivos para seleccionar postulantes. Entre ellos figuran la afinidad con el proyecto educativo, la participación en actividades informativas, aptitudes para programas especializados, desempeño académico desde séptimo básico, entrevistas y cercanía geográfica.
La asignación aleatoria continuará operando para aquellos establecimientos que opten por no adherir al sistema de selección o para los cupos que permanezcan disponibles tras el proceso principal.
Según el Ejecutivo, el SAE no ha cumplido plenamente con sus objetivos originales de reducir la segregación escolar y garantizar que las familias accedan a los establecimientos de su preferencia.
Cuestionamientos al sistema vigente
Durante la presentación, Kast defendió la necesidad de modificar el actual mecanismo de admisión.
“Hemos podido ver en el tiempo que esta reforma tenía un buen objetivo (…), pero lo que hemos podido analizar es que eso no se logró”, afirmó.
El mandatario sostuvo que una parte importante de los postulantes termina dependiendo de un sistema automatizado de asignación cuando no cumple con los criterios de priorización establecidos por la ley.
“Uno pasaba a un algoritmo técnico que determinaba en qué colegio estaba”, señaló.
A juicio del Gobierno, esta situación ha limitado la capacidad de los establecimientos para desarrollar proyectos educativos diferenciados y ha generado frustración entre algunas familias que no logran acceder a los colegios de su preferencia.
El mérito como eje de la propuesta
Uno de los pilares de la reforma es la incorporación del mérito académico como criterio de admisión en determinados establecimientos.
“Esto terminaba castigando precisamente a los que más se esfuerzan. Y nosotros tenemos que reconocer el mérito”, sostuvo Kast.
El Presidente argumentó que la educación sigue siendo una herramienta clave para la movilidad social y que el esfuerzo de los estudiantes debe tener un reconocimiento explícito dentro del sistema.
“El esfuerzo importa y el mérito vale, y eso es algo que no podemos olvidar nunca”, enfatizó.
No obstante, especialistas en educación han advertido en distintas oportunidades que los mecanismos de selección académica tienden a favorecer a estudiantes que ya cuentan con mayores ventajas socioeconómicas, lo que podría profundizar las brechas existentes entre establecimientos y limitar la diversidad al interior de las comunidades escolares.
Una reforma que divide opiniones
La propuesta también ha generado cuestionamientos entre quienes defienden el SAE, argumentando que el sistema fue creado precisamente para evitar prácticas de selección que durante años concentraron a estudiantes de mayores ingresos y mejor rendimiento en determinados colegios.
Desde estos sectores se advierte que reintroducir criterios de selección podría significar un retroceso respecto de los avances impulsados por la Ley de Inclusión Escolar, aunque reconocen que el sistema actual presenta dificultades y requiere ajustes.
Por su parte, el Gobierno enfatizó que la adhesión al nuevo mecanismo será voluntaria y que los establecimientos podrán mantenerse en el sistema vigente si así lo estiman conveniente.
“Si algún establecimiento no desea participar, podrá seguir en el sistema que tenemos hasta hoy. Por eso decimos que es un sistema que opta por la libertad”, afirmó Kast.
La iniciativa considera además resguardos para estudiantes prioritarios y alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, garantizando cupos protegidos dentro del proceso de admisión.
El proyecto iniciará ahora su tramitación en el Congreso Nacional, donde se anticipa un intenso debate entre quienes consideran que la reforma devuelve protagonismo a las familias y a los proyectos educativos, y quienes advierten que podría significar un retorno a mecanismos de selección que el país intentó superar durante la última década.
El Maipo
