El Gobierno de Brasil reaccionó hoy jueves con “perplejidad e indignación” ante la acusación formal de la Policía Federal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas, entre ellas ministros y militares, por planear un golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro y los acusados, entre ellos su exjefe de ministros y candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial de 2022, general retirado Walter Braga Netto, están imputados de los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal por parte de la Policía Federal, que elevó el caso al Supremo Tribunal Federal.
“Vemos con absoluta perplejidad e indignación la información incluida en la investigación, donde existe un expresidente en el tope de la cadena de comando de la organización criminal, generales, coroneles y funcionarios públicos que formaban parte de la campaña y del Gobierno de Bolsonaro”, dijo en un comunicado el ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta.
Los hechos atribuidos a Bolsonaro y parte de su equipo y aliados habrían ocurrido entre noviembre y diciembre de 2022, durante la transición para la asunción de Lula da Silva, el 1 de enero de 2023, como presidente tras vencer en las elecciones.
“Conspirando contra la democracia con una audacia casi increíble, sin cualquier tipo de límite, al punto de conspirar contra la vida del presidente Lula, del vicepresidente (Geraldo Alckmin) y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais. Son crímenes graves, acusaciones muy serias”, añadió el ministro Pimenta.
Pimenta se refirió al caso de que cuatro militares y un policía federal fueron detenidos esta semana por participar en esta supuesta trama golpista que incluía un plan para cometer los homicidios de Lula da Silva, Alckmin y De Morais antes de la salida de Bolsonaro del poder.
El Maipo/Xinhuanet