El Frente Amplio (FA), calificó como una estrategia de espionaje con fines políticos las acciones del fiscal Patricio Cooper para interceptar el teléfono del presidente de la República, Gabriel Boric.
En una declaración pública, la organización acusa a Cooper de replicar “una estrategia judicial que parece haberse vuelto una práctica recurrente”, basada en filtraciones parciales a la prensa para generar daño político y en este caso desprestigiar al mandatario.
El fiscal regional de Coquimbo solicitó escuchar el teléfono del Jefe de Estado en la investigación a la fundación ProCultura, con el argumento de un supuesto financiamiento irregular de su campaña, sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por falta de fundamentos.
Al referirse a este hecho, el Frente Amplio afirmó que no existe ningún indicio que vincule financieramente al partido con la fundación investigada y añade que todas las cuentas de campaña fueron revisadas y aprobadas por el Servicio Electoral y la información es de carácter público.
Esta semana se filtró una conversación privada entre el presidente y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del fundador de ProCultura, cuyo teléfono fue interceptado por orden de Cooper.
“Lo difundido tiene como finalidad instalar la sospecha solo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales”, advierte el Frente Amplio, y añade que escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros atenta contra la libertad individual.
Por otra parte, afirma el FA, resulta grave que se haya intentado interferir el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por ausencia de antecedentes fidedignos.
“Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones», sostiene.
El comunicado concluye que más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022, no responden “a una auténtica búsqueda de pruebas, sino a un espionaje con fines políticos que no solo daña a personas, sino al Ministerio Público y la democracia”.
Recordemos que Cooper fue el fiscal que ordenó el allanamiento a la vivienda de la presidenta de la Cámara de Diputados y militante comunista, Karol Cariola, el día de su parto y de la filtración de conversaciones privadas de la legisladora que a la postre la llevaron a renunciar al cargo.
El Maipo/PL
