Fiscalía investiga el aluvión en Las Condes y las posibles responsabilidades por la emergencia

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El Ministerio Público encargó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer el origen del fenómeno que afectó a San Carlos de Apoquindo. La emergencia dejó más de 2.000 viviendas con daños y reabrió el debate sobre las medidas de prevención en las quebradas del sector.

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para determinar el origen del aluvión que afectó el jueves 8 de octubre a distintos sectores de Las Condes, particularmente a San Carlos de Apoquindo. La indagatoria buscará establecer cómo se produjo la emergencia y si existen eventuales responsabilidades penales vinculadas tanto a sus causas como a sus consecuencias.

El procedimiento estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, junto al fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo. El Ministerio Público instruyó diligencias a funcionarios especializados del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

La investigación se desarrolla mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de los daños. Según el balance informado por las autoridades, más de 2.000 viviendas resultaron afectadas y 55 presentan problemas graves de habitabilidad.

Aluvión en Las Condes: las medidas de prevención bajo escrutinio

La apertura de la causa penal se produce en medio de cuestionamientos sobre las obras destinadas a reducir el riesgo de aluviones en el sector precordillerano de la comuna.

Uno de los antecedentes es el incendio ocurrido el 31 de diciembre de 2025 en la zona, que afectó más de mil hectáreas. La pérdida de vegetación dejó parte del terreno expuesto a procesos de erosión y aumentó la preocupación por los riesgos asociados a las precipitaciones.

En ese contexto, la Municipalidad de Las Condes y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habían trabajado en un proyecto de instalación de mallas dinámicas en las quebradas, destinadas a contener rocas y otros materiales que pudieran desplazarse hacia zonas habitadas.

Tras la emergencia, la alcaldesa Catalina San Martín cuestionó los retrasos en la ejecución de estas obras y señaló que las intervenciones en las quebradas corresponden a organismos del nivel central, entre ellos la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.

Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, abordó las dificultades para anticipar fenómenos de estas características y mencionó la importancia del despeje de cauces y la limpieza de las estructuras de drenaje.

Estos antecedentes forman parte del debate sobre la prevención, pero no determinan por sí solos las causas del aluvión ni permiten atribuir responsabilidades antes de que concluya la investigación.

Fiscalía deberá esclarecer las causas de la emergencia

Las diligencias instruidas a Carabineros deberán contribuir a reconstruir las circunstancias en que ocurrió el aluvión y determinar si existen antecedentes que permitan establecer responsabilidades penales.

La investigación también se desarrolla en un escenario marcado por los daños materiales y la preocupación de los residentes por la seguridad de sus viviendas y la efectividad de las medidas de mitigación.

Por ahora, la apertura de la causa no implica que se haya establecido la existencia de delitos ni que alguna autoridad u organismo tenga responsabilidad acreditada. El objetivo del Ministerio Público es reunir los antecedentes necesarios para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzan las indagatorias, la emergencia vuelve a poner en discusión la planificación preventiva frente a riesgos naturales en sectores precordilleranos, especialmente cuando confluyen lluvias intensas, pendientes pronunciadas y terrenos afectados previamente por incendios.

El Maipo

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