Por Daniel Aguirre Román
Con el cierre del año escolar, la incertidumbre laboral vuelve a instalarse como una constante para miles de docentes en Chile, en un periodo marcado por la finalización de contratos y la falta de certezas sobre la continuidad laboral. Para una parte importante del profesorado, diciembre no solo representa el término de las clases, sino también un momento de tensión e inestabilidad respecto al futuro.
La estructura contractual del sistema educativo chileno hace que, año tras año, numerosos establecimientos ajusten sus dotaciones docentes una vez concluido el periodo lectivo. Estos procesos incluyen reducciones de horas, cambios de funciones y desvinculaciones, afectando principalmente a quienes se desempeñan bajo contratos a plazo fijo o con jornadas parciales. En la práctica, esto genera un escenario de inseguridad que se repite de manera cíclica y que impacta tanto en la vida laboral como personal de los educadores.
Esta realidad golpea con especial fuerza a los docentes jóvenes y a quienes se encuentran en sus primeros años de ejercicio profesional. Estudios recientes muestran que un porcentaje significativo abandona el sistema educativo antes de cumplir cinco años de trayectoria, una señal de alerta para la sostenibilidad de la profesión. La combinación de inestabilidad contractual, sobrecarga administrativa, exigencias evaluativas y salarios que muchas veces no se condicen con la responsabilidad del cargo ha llevado a que cada vez más profesionales opten por buscar alternativas fuera del aula.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En los últimos años, cerca de 23 mil docentes jóvenes han salido del sistema educativo, generando un impacto directo en la continuidad pedagógica y en la calidad de los procesos de aprendizaje. A esto se suma un fenómeno paralelo: la baja matrícula en carreras de pedagogía, lo que anticipa un déficit creciente de profesores en distintas áreas y niveles, especialmente en asignaturas científicas, técnicas y en zonas rurales.
El efecto de esta precariedad no se limita al ámbito laboral. Diversos análisis advierten que la inestabilidad docente eleva los niveles de estrés, dificulta la planificación de proyectos de vida y debilita el vínculo con las comunidades educativas. El mes de diciembre se transforma así en un periodo de espera prolongada, donde muchos profesores permanecen sin información clara sobre su continuidad, obligados a postergar decisiones personales y profesionales.
En respuesta a este escenario, durante el presente año el Congreso ha impulsado iniciativas orientadas a mejorar la estabilidad laboral. Una de las más relevantes es el proyecto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados que busca otorgar titularidad a docentes a contrata que cumplan determinados requisitos de antigüedad y carga horaria, medida que podría beneficiar a alrededor de 22 mil profesionales. No obstante, la iniciativa aún debe completar su tramitación legislativa, manteniendo en suspenso sus efectos concretos.
Este debate se inscribe además en una discusión más amplia sobre la estabilidad laboral en el sector público, que ha cobrado visibilidad en las últimas semanas a partir de la polémica política en torno a la denominada “ley de amarres”, impulsada por el Gobierno y cuestionada por la oposición por limitar eventuales desvinculaciones en la administración del Estado. Aunque se trata de debates de distinta naturaleza, el caso del profesorado vuelve a evidenciar una tensión de fondo: mientras en algunos ámbitos se discute si otorgar mayor estabilidad podría restringir la gestión futura, en el sistema educativo miles de docentes enfrentan cada fin de año un escenario marcado por la precariedad contractual.
Pese a estos avances, el debate estructural sigue abierto. Gremios y organizaciones vinculadas al ámbito educativo han insistido en que la estabilidad no puede reducirse únicamente a la forma contractual. Aseguran que se requieren mejores condiciones laborales, apoyo institucional, oportunidades reales de formación continua y un mayor reconocimiento social para fortalecer la carrera docente y evitar el desgaste temprano.
En este contexto, la incertidumbre que se repite cada fin de año escolar se consolida como un problema de fondo del sistema educativo chileno. Un desafío que no solo interpela a las autoridades, sino también al conjunto de la sociedad, en la medida en que la permanencia y motivación de los docentes resulta clave para garantizar una educación de calidad y un futuro sostenible para la profesión.
Cuando la inestabilidad docente afecta a escuelas y comunidades locales
En distintos territorios del país, como El Monte, Melipilla o San Antonio, la incertidumbre laboral docente se manifiesta con particular intensidad hacia el cierre del año escolar. Se trata de zonas donde conviven áreas urbanas con sectores rurales y productivos, y donde los establecimientos educacionales cumplen un rol clave en la vida comunitaria.
En este tipo de comunas, los ajustes de dotación y la no renovación de contratos suelen tener efectos inmediatos, especialmente en escuelas con equipos docentes acotados. La salida de un profesor puede implicar la redistribución de horas, la modificación de cursos o la interrupción de proyectos educativos que requieren continuidad en el tiempo.
A ello se suman condiciones territoriales específicas, como extensos tiempos de traslado, menor acceso a redes de apoyo pedagógico y limitadas alternativas laborales dentro del mismo territorio. Estas variables influyen en la decisión de muchos docentes, particularmente los más jóvenes, de buscar estabilidad fuera del sistema escolar o en zonas con mayores oportunidades.
Actores del ámbito educativo advierten que, en comunas de estas características, la inestabilidad laboral docente no solo afecta a los trabajadores de la educación, sino que también repercute en estudiantes y familias, debilitando el vínculo entre la escuela y su entorno social.
Desde esta perspectiva, avanzar hacia mayores niveles de estabilidad laboral docente aparece como un desafío clave para asegurar la continuidad de los procesos educativos y fortalecer el rol de la escuela como eje articulador del desarrollo local.
El Maipo
