La iniciativa busca permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en sectores con altos índices de criminalidad. Mientras algunos alcaldes respaldan la idea, otros advierten que la medida requiere amplios acuerdos políticos y cuestionan su efectividad.
El anuncio del Gobierno de estudiar un estado de excepción focalizado para intervenir barrios con altos niveles de delincuencia abrió un nuevo debate sobre el rol que podrían asumir las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
La propuesta fue confirmada por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, quien señaló que el Ejecutivo evalúa un mecanismo constitucional que permita desplegar militares en zonas específicas afectadas por el crimen organizado.
Alcaldes respaldan la propuesta con condiciones
Entre quienes valoraron la iniciativa se encuentra la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien sostuvo que recuperar la presencia del Estado en los barrios es una prioridad. No obstante, planteó que antes deben resolverse materias como el déficit de dotación policial y la implementación de la legislación en seguridad.
Una postura similar manifestó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien afirmó que la delincuencia ha ocupado espacios donde el Estado perdió presencia. A su juicio, el despliegue militar solo será efectivo si cuenta con reglas claras, plazos definidos y coordinación con Carabineros.
Desde San Miguel, la alcaldesa Carol Bown también respaldó la alternativa. Sin embargo, recalcó que cualquier intervención debe otorgar certeza jurídica y resguardar las atribuciones del personal militar.
En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, recordó que una propuesta similar ya había sido planteada anteriormente por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. La jefa comunal llamó a construir consensos políticos amplios antes de avanzar con una reforma de este tipo.
También surgen cuestionamientos
No todos los alcaldes compartieron el planteamiento del Ejecutivo. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, puso en duda la capacidad del Gobierno para implementar una medida de esta magnitud y afirmó que, más allá del anuncio, se requieren protocolos claros para el trabajo de las Fuerzas Armadas.
Más crítico fue el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, quien rechazó la idea de militarizar sectores urbanos. El edil sostuvo que el combate al crimen organizado debe concentrarse en fortalecer las capacidades investigativas de Carabineros y la PDI, además de avanzar en medidas como el levantamiento del secreto bancario para perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales.
Debate continúa abierto
La propuesta aún no ingresa al Congreso y el Ejecutivo deberá definir los alcances del eventual estado de excepción focalizado. Mientras algunos alcaldes consideran que podría transformarse en una herramienta para recuperar barrios afectados por la delincuencia, otros advierten que el desafío requiere una estrategia integral que combine prevención, investigación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El Maipo
